El ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, cuestionó este lunes la escasa utilización de las tobilleras electrónicas destinadas al control de personas denunciadas o procesadas por hechos de violencia. Señaló que las decisiones judiciales sobre las medidas restrictivas son determinantes para la prevención de nuevos casos.

Procesados por violencia familiar y abuso en niños encabezan lista de usuarios de tobilleras electrónicas

Durante su discurso en la inauguración del Centro de Seguridad y Emergencias 911 en Pilar, en el marco de los festejos por los 247 años de fundación de la ciudad, el secretario de Estado explicó que el sistema permite monitorear las 24 horas la ubicación de las personas que llevan estos dispositivos y alertar a las autoridades cuando se incumplen las restricciones establecidas judicialmente.

Riera afirmó que el Ministerio del Interior dispone de 1.000 tobilleras electrónicas, pero que, desde la implementación del mecanismo, el máximo utilizado llegó a 200 unidades. Agregó que, al momento de su intervención, apenas 50 dispositivos están en funcionamiento.

Según el ministro, la tecnología permite conocer la ubicación de una persona, registrar sus desplazamientos y generar alertas cuando traspasa el perímetro de exclusión determinado por un juez. Ante una eventual transgresión, la Policía puede intervenir para controlar al infractor y proteger a la víctima.

“Tenemos monitoreado al que tiene la tobillera 24/7/365. Nosotros sabemos exactamente dónde está porque manda una señal”, manifestó Riera al explicar el funcionamiento del sistema.

Cuestiona medidas judiciales

El ministro mencionó como ejemplo el caso ocurrido en la zona de Eusebio Ayala (departamento de Cordillera), donde una mujer murió y otra resultó gravemente herida en un episodio violento.

Según su relato, uno de los involucrados llevaba una tobillera electrónica, pero la resolución judicial le otorgaba libertad ambulatoria, por lo que el dispositivo no imponía las restricciones de desplazamiento que, a criterio de Riera, habrían permitido una intervención preventiva más eficaz.

El secretario de Estado señaló que el sistema registró la presencia del portador de la tobillera en el lugar que este habría negado haber visitado.

De acuerdo con su explicación, los registros digitales pueden constituir elementos objetivos para reconstruir los movimientos de una persona, aunque el alcance de las alertas depende de las condiciones establecidas en la resolución judicial.

Ministro se refirió al caso de feminicidio de Deysi Paola

Riera también mencionó el feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia (22), ocurrido en Lambaré. Cuestionó que no se haya dispuesto el uso de una tobillera electrónica a su expareja, Aldo Alexis Duarte Moreira (26), como medida de control, en lugar de limitarse a una restricción de acercamiento.

El ministro indicó que su intención no es promover un enfrentamiento entre instituciones, sino insistir en la necesidad de coordinar acciones entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.

“La gente está harta de excusas, quiere soluciones”, expresó, al referirse a la necesidad de que las instituciones asuman sus responsabilidades para prevenir hechos de violencia.

Monitoreo permanente y protección a las víctimas

Riera explicó que, cuando un juez dispone prisión domiciliaria u otra restricción territorial, el sistema puede establecer un perímetro digital y emitir una alarma si la persona lo abandona o incumple las condiciones impuestas.

La respuesta policial debe orientarse tanto a controlar al infractor como a resguardar a la víctima y a sus familiares.

El ministro reconoció que los dispositivos pueden ser retirados o manipulados, pero sostuvo que el monitoreo permite registrar movimientos y generar información útil para las investigaciones.

Asimismo, destacó que la adquisición e implementación de las tobilleras requirió un proceso administrativo y de coordinación interinstitucional.

Según relató, durante años la aplicación de la ley permaneció pendiente por la falta de reglamentación y de acuerdos sobre qué organismo debía asumir la responsabilidad operativa.

Finalmente, instó a fortalecer la difusión del sistema y a promover la intervención ciudadana ante posibles situaciones de violencia.

Mencionó la colaboración de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para divulgar mensajes preventivos a través de radios del interior del país.