En la sala bicameral del Congreso se debatió extensamente esta mañana el proyecto de ley “Que crea el registro nacional de pagarés y otros títulos de crédito”, con presencia de varios diputados, entre ellos los proyectistas José Rodríguez (ANR, HC) y Rodrigo Blanco (PLRA, PL). Concluyeron que la solución sería más compleja que la planteada por la iniciativa legislativa. ¿Por qué?

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La “mafia de los pagarés” es un esquema de cobro compulsivo y usurario detectado, que operaba con la complicidad de juzgados de paz del país, por el cual empresas de cobro de deuda ejecutaban una y otra vez descuentos de salario a personas, pese a que los deudores ya honraron el compromiso en su totalidad.

A raíz de esto, se planteó en Diputados el proyecto de ley, que tiene puntos de consenso, como por ejemplo la creación del Registro Nacional de Pagarés, para que estos instrumentos financieros ya no puedan ser pasados de mano en mano sin control, siendo utilizados para los cobros discrecionales una y otra vez. Se plantea que el registro sea totalmente digitalizado.

No obstante, hay otros puntos que generan dudas tanto para el sistema financiero, como para la aplicabilidad penal efectiva de la legislación.

Sector financiero plantea su temor

El primer punto que generó mayoritariamente consenso fue la digitalización de los documentos. Los representantes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) refirieron que ya tienen avanzado junto con la Corte Suprema de Justicia este plan.

Primeramente el representante de la Cámara Paraguaya de Blockchain, Ricardo Prieto, refirió que la disponibilidad en papel de los pagarés es un problema para los titulares de la deuda así como para la Corte, por carecer de trazabilidad.

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Recordó que actualmente la Ley 6822 “de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas” ya contempla la posibilidad de realizar pagarés electrónicos confiables, ya que con el uso de la tecnología se puede garantizar “inmutabilidad (que no sean alterados), trazabilidad (seguimiento de movimientos) y todos los endosos y pagos que haya recibido”.

Se sugirió que se establezca en una ley la obligatoriedad de registrar los pagarés en papel “a judicializar” en la Dirección General de Registros Públicos (DGROP), pero sobre todo, que más adelante solo los digitales sean considerados el formato válido jurídicamente, para que todas la partes estén al tanto de todo el ciclo de vida de sus pagarés.

En este aspecto, la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) dijo que habría que analizar más detenidamente, ya que tienen dudas sobre la validez probatoria de documentos netamente digitales para delitos como el de la producción de documentos no auténticos.

En tal sentido, dijo que consultó con reconocidos juristas como la jueza Claudia Criscioni, que coincidió con ella en cuidar el aspecto penal de la redacción del proyecto.

“Todas estas son estafas procesales, eso ya está previsto en el artículo 187 con penas más altas y toda la parte documental también con penas más altas” y “desde el punto de vista penal, en realidad no podemos así nomas equiparar al 276 (producción de documentos no auténticos) en su caso o las otras disposiciones. Así que tenemos de alguna manera armonizar el sistema jurídico para que todas las áreas podamos armonizar”, indicó Vallejo.

El representante de la Confederación Paraguaya de Cooperativas (Compacoop), Francisco Valle, a la par de solidarizarse con las víctimas y reconocer el fin loable de la iniciativa, ya que su intención de “reforzar la seguridad jurídica y prevenir fraudes, es legítimo, oportuno y compartido por todos los sectores responsables”, pero jurídicamente hicieron algunas consideraciones.

En nombre de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, el exdiputado Sebastián Villarejo (Patria Querida) también reconoció la gravedad de la problemática, pero pidió mesura para no agravar la situación, ya que según dijo “en el espíritu de hacer algo, podemos generar una consecuencia incluso que puede ser peor”.

Citó como ejemplo la ley que ponía tope a las tasas de tarjetas de crédito, “que pareció buena en su momento, sin embargo, hizo que exploten estas casas de crédito justo en un momento en que creció cuantitativamente el crédito de consumo en Paraguay y finalmente sacó del sistema financiero a la gente que necesitaba, y metió en un sistema más perverso que es el informal”.

Por su parte, el presidente Fintech, Diego García, expresó su rechazo a una nueva ley, ya que asegura que ya existen normas que regulan estos casos, lo que falta es que se pongan en práctica.

“Con iniciativas como esto no estamos de acuerdo, únicamente estamos frenando la economía si sacamos nuevas normas en contra de algo que ya estamos trabajando hace tiempo”, sostuvo.

Temen que burocracia estimule la corrupción

Sebastián Villarejo pidió “tener mucho cuidado, porque más burocracia genera más corrupción en nuestro país” y recordó que “el 80% del problema de la mafia de los pagarés son los juzgados de paz que no funcionan”, y que otra vez se darían más responsabilidades el Poder Judicial.

En este punto coincidió con Roberto Úbeda, de la Asociación de Bancos y Financieras del Paraguay (Abafi), que sostuvo que “una modificación legislativa en ese sentido, tal vez no sea la mejor solución a esta problemática” y que enfatizó que la experiencia señala “que la corrupción tiene como uno de sus principales orígenes la impunidad, como así también la burocracia. Complejizar más el proceso va a dar origen a más corrupción".

A la crítica por dar más funciones a la Corte Suprema de Justicia, se sumó Estefan Vizzocolán, asesor jurídico de la Cámara Crediticia, que demostró poca fe en que dicha institución pueda cumplir el rol de delegado de protección de datos.

“Este problema mal llamado mafia de los pagares es un problema sistémico que nace en el poder judicial y le estamos cargando nuevamente al Poder Judicial con una atribución y funcionalidad que le va a ser imposible cumplir”, dijo Vizzocolán.

Este último incluso trató de relativizar el caso, diciendo que hay que identificar a quienes son víctimas y quienes intentan “aprovechar la coyuntura” para no pagar sus deudas.

Operan como “amantes”, acusa Rolón Luna

El abogado Jorge Rolón Luna, uno de los responsables de quitar a luz el caso de la “Mafia de los pagarés”, acusó al sector financiero de ser cómplice solapado del sistema y supuestamente buscarían que todo siga como está.

“El sistema financiero tiene un sector formal y uno informal, y hay que decir también que existen vasos comunicantes entre el sector financiero formal y no informal, no declarados, como la amante, que no la muestra, se la esconde, eso no se muestra habitualmente”, acusó el abogado.

También sostuvo que la negativa a un eventual proyecto de ley responde a la teoría de la “retórica de la reacción” de Albert Hirschman, que sostenía que la manera de oponerse a los cambios era plantear escenarios catastróficos cuando se planteaba un cambio.

Insistió que “estamos hablando de un sector al que se le fue la mano, y les está explotando en la cara y no quieren que ese daño sea mayor” y tampoco quieren dejar de tener beneficios.

Como base para su acusación sostuvo que existe “un dinamismo perverso”, y que “funciona sobre la sangre, el sudor y las entrañas de cientos de paraguayos”.

El esquema “se alimenta como una sanguijuela y el sistema financiero formal grande ¿qué hace?, cuestionó y respondió: Cuando quiere mejorar su calificación como banco o cooperativa, se deshace de su cartera morosa y le paga a estas empresas de crédito.

Pidió pensar en las víctimas que no encuentran solución en el Estado, y regular la situación para que no vuelva a ocurrir.

MIC dice que ya tiene “plan piloto”

El director general de Comercio Electrónico del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Lucas Sotomayor, sostuvo que ya tiene avanzado un plan piloto para implementar de Documentos transmisibles electrónicos, entre los que se encuentran los pagares, y que en todo caso, sugerirían cambios en el Código Procesal Civil para poder aplicar de manera efectiva las reformas.

“Este documento transmisible electrónico garantiza inmutabilidad, no repudio, integridad y trazabilidad a todos los documentos”, dijo Sotomayor, que aclaró que se prevé implementar la firma digital certificada, un sello inalterable para las fechas y un registro de la huella digital de cada actuación, ya sea firma o endoso de cada pagaré y queda registrado en el documento y una huella digital en cadena de bloque.