El proyecto en cuestión es el “que modifica el artículo 41 de Ley N° 1286/98 - Código Procesal Penal” sobre las atribuciones de los Tribunales de Sentencia, presentado por del diputado aliado cartista, Édgar Olmedo (ANR, B) y que había sido sometido a audiencia pública en agosto pasado, donde la Corte levantó grandes alertas.

Corte advierte que reformas penales de cartistas favorecerían a criminales

Olmedo pretende habilitar que un Tribunal unipersonal pueda resolver -por ejemplo- un pedido de suspensión condicional del procedimiento (evitar ir a juicio) en casos donde las penas son de hasta cinco años de prisión, mediante la resolución de un solo juez.

Hasta ahora los tribunales unipersonales solo tienen permitido intervenir cuando la expectativa de pena no supera los dos años. En casos de expectativa de pena desde 2 hasta 5 años, obligatoriamente deben intervenir tribunales colegiados (de tres miembros).

Proyecto de “Blanqueo exprés” iría al archivo, pese a intento desesperado del cartismo

La camarista y coordinadora de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia Suprema de Justicia, Silvana Luraghi, había advertido que con estas modificaciones se podría favorecer a corruptos y ladrones del erario público, ya que la mayoría de los Delitos Económicos entran en el rango establecido por el proyecto de ley planteado.

A esta advertencia se sumó la diputada y exfiscal Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), que acotó que serían beneficiados -sobre todo políticos administradores de la cosa pública- que sean procesados por hechos de corrupción, cohecho, soborno, producción de documentos no auténticos, estafa, lesión de confianza, entre otros.

Lo más grave es que, con esto, presuntos corruptos podrían zafar sin siquiera pasar por juicio oral y público, ya que admitiendo su delito y con el aval de un solo juez, evitarían ir a prisión.

Luraghi alertó además que dejar este tipo de casos en manos de un solo juez aumenta la posibilidad de que su decisión se vea influenciada por presiones políticas o sean corrompidos.

Esta salida rápida para corruptos podría considerarse una segunda versión del proyecto de ley de “blanqueo exprés” planteado previamente por el ahora difunto diputado cartista Derlis Rodríguez, que en su caso reducía los plazos procesales.

Dicho proyecto pretendía favorecer a los sospechados de delitos y crímenes con la reducción de plazos, empezando por el de acusación.

Rodríguez proponía que la Fiscalía tenga solo 3 meses para presentar acusación contra un sospechado de lo contrario debían desestimar la causa, plazo que magistrados especializados en Delitos Económicos y Anticorrupción, fiscales e incluso abogados particulares consideraron irrisorio, sobre todo para los casos graves como el narcotráfico, el lavado de dinero y los robos al Estado.