Tras la culminación de las Elecciones Municipales del pasado domingo 4 de octubre, miles de afiches, carteles y pasacalles continúan cubriendo la vía pública en diversos puntos del país. La normativa electoral paraguaya establece con claridad que toda propaganda proselitista debió haber sido retirada de las calles horas antes del inicio de la veda electoral.

De acuerdo con el cronograma del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el plazo legal para la difusión y exposición de propaganda en espacios públicos finalizó oficialmente el pasado jueves 1 de octubre a las 23:59. A partir de ese momento, la permanencia de cualquier tipo de gigantografía o afiche político en la vía pública constituye una abierta infracción a la ley.

Veda electoral: estas son las sanciones para quienes la infrinjan

En comunicación con el departamento de prensa del TSJE confirmaron que estos materiales debieron ser retirados 48 horas antes de los comicios.

“Propaganda electoral ya era dos días antes de las elecciones, ahí ya tenían que haber sacado todo ya; según la ley, tenía que haber sido en ese momento”, enfatizó.

Limpieza municipal y multas a candidatos

Ante el abandono de los carteles por parte de los partidos políticos, los gobiernos locales deben intervenir. Las municipalidades de cada distrito están facultadas por sus ordenanzas de aseo urbano a retirar la basura electoral de las calles.

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La vocera de la Justicia Electoral precisó que las comunas actuarán como brazo ejecutor y podrán derivar reclamos o denuncias por polución visual a los juzgados de faltas locales.

En este sentido, los partidos políticos infractores quedan expuestos a severas sanciones económicas por no limpiar sus materiales.

Penas de cárcel y duras sanciones penales

Mantener propaganda fuera de término no es una simple falta administrativa: el Código Electoral paraguayo lo clasifica como un delito de contaminación visual y hecho punible penalizado por la legislación vigente.

Los artículos 323 y 329 del Código Electoral establecen penas de uno a tres años de cárcel para quienes mantengan propaganda extemporánea. A esto se suma una multa equivalente a 200 jornales mínimos (unos G. 21.525.600, calculado sobre el jornal mínimo diario actual de G. 107.628), para los responsables.

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Las sanciones se extienden a los medios masivos de comunicación. Los directivos o responsables que difundan anuncios fuera del plazo legal enfrentan de dos a seis meses de prisión y multas de hasta 500 jornales mínimos.

Vías de denuncia y retiro obligatorio

El TSJE habilita la recepción de denuncias ciudadanas en coordinación con el Ministerio Público y las municipalidades. Los vecinos pueden reportar la cartelería ilegal en sus barrios para exigir la intervención judicial correspondiente.

La normativa exige además el cese absoluto de publicidad en radio, televisión, prensa escrita y redes sociales. El fin del período proselitista debe ser total para respetar la tranquilidad de la ciudadanía tras la jornada eleccionaria. Las elecciones terminaron, pero la obligación de limpiar la ciudad sigue vigente.