En la Cámara de Diputados ingresó un proyecto de ley que busca evitar las carreras clandestinas de vehículos motorizados, elevando a crimen la actividad y se prevé sanciones severas para los organizadores.

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Se trata del proyecto de ley “Que tipifica como crimen la realización de carreras clandestinas de vehículos motorizados y establece el decomiso de vehículo como sanción accesoria”, cuyos proyectistas son los diputados cartistas: Liz Acosta, Yamil Esgaib y Jorge Barressi.

En la argumentación de la iniciativa parlamentaria se tipifica como carreras clandestinas toda competencia de velocidad entre uno o más vehículos motorizados que realizan de la siguiente forma:

a) Sin autorización de la autoridad competente.

b) En vías públicas o privadas sin las medidas de seguridad establecidas por ley.

c) Con fines de lucro, apuestas o exhibicionismo.

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En ese contexto se incorpora un nuevo artículo al Código Penal Paraguayo:

Artículo 217-A. Carreras clandestinas: el que organizare, promoviere, participare o facilitare carreras clandestinas de vehículos motorizados, será castigado con pena privativa de libertad de tres a ocho años, sin perjuicio de otras sanciones aplicables por hechos punibles conexos.

Si del hecho resultare muerte, lesión grave o daño a bienes ajenos, la pena será de cinco a diez años de privación de libertad.

Asimismo, también se pone como sanción el decomiso definitivo de vehículo utilizado en las carreras clandestinas.

Los vehículos decomisados serán destinados prioritariamente a:

a) Instituciones del Estado para tareas de seguridad o prevención.

b) Venta pública para financiar programas de seguridad vial y educación.

En cuanto, a las agravantes se especifica que si el hecho fuere cometido por funcionarios públicos, si utilizaren vehículos modificados ilegalmente y si empleare menores de edad para participar o asistir en las carreras se aumentará la pena hasta en un tercio.

En tanto que, el juzgamiento de los hechos previstos en la ley, de aprobarse, corresponderá a los tribunales penales ordinarios conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal.