Pirapó: joven fue detenida por la Interpol por requerimiento de la justicia argentina
Durante un procedimiento de la División Regional N° 4 de la Interpol, a carg...
Durante un procedimiento de la División Regional N° 4 de la Interpol, a cargo del subcomisario Javier Jiménez, detuvieron a Leidy Karina Arévalos Irala (28). La joven cuenta con notificación roja, requerida por la justicia argentina y con orden de captura con fines de extradición.
Arévalos Irala fue detenida en la vía pública de la localidad de Yaguarasapa, del distrito de Pirapó, en Itapúa, cerca de las 20:40 de este lunes.
El procedimiento se realizó en cumplimiento del Oficio Judicial N° 88/2025, emitido el 22 de enero de 2025, firmado por el Juzgado Penal de Garantías N° 7, a cargo de la jueza Claudia Yanina Vallejos López.
En el vecino país es requerida por el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones (Argentina). Es investigada en una causa calificada como “contrabando e importación de estupefacientes agravado por la cantidad de cocaína secuestrada que se presume estaba inequívocamente destinada a ser comercializada”.
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Cayó con drogasEl pasado 29 de setiembre del año 2022, Arévalos Irala fue detenida por agentes de la Prefectura Naval del Destacamento de Puerto Maní (municipio de Corpus Christi), en el lado argentino de la frontera, en el kilómetro 1700,4 del río Paraná.
Según la investigación, la joven intentó ingresar con 2,092 kg de clorhidrato de cocaína, los cuales estaban distribuidos en dos paquetes rectangulares adheridos a su cintura. Los intervinientes manifestaron que, al momento en que fue interrogada, mostró nerviosismo y contradicciones, por lo que fue inspeccionada y hallaron la droga en su poder.
La joven cumplía con un régimen de prisión domiciliaria en la residencia de un familiar en el municipio de Jardín América (Misiones), con control cada 15 días. En febrero de 2023 se constató que la joven se fugó y probablemente cruzó al Paraguay por algún puerto clandestino de la zona.
La causa en la que es investigada la expone a una pena privativa de libertad de 12 años. Además, el tipo penal no prescribe, según la legislación del vecino país.
