El diputado Roberto González (ANR-FR) fue el primero en cuestionar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia por dilatar decisiones claves para garantizar el estado de derecho y republicano. Citó por ejemplo la expulsión de Kattya González (ex Partido Encuentro Nacional) de la Cámara de Senadores hace 16 meses (14 de febrero de 2024), cuya acción de inconstitucionalidad está en manos de la máxima instancia judicial, con 15 urgimientos y sin ninguna resolución hasta el momento.

“Estos atropellos deben tener solución y está prevista en la Constitución. La ilegalidad debe ser corregida y para eso está la Corte Suprema de Justicia, pero está con problemas y no resuelve los casos sometidos a su consideración. No permitan más que gorilas y primates atropellen las institucionalidad de nuestro país“, exhortó el diputado Roberto González.

El parlamentario instó también a los miembros de la Corte Suprema que renuncien, si no están a la altura de las circunstancias que atraviesa la Nación.

“Kattya planteó urgimiento en 15 ocasiones. Estamos a 16 meses de esa irregularidad y la Corte guarda absoluto silencio. Sean dignos del cargo, después de 16 meses no han dictado resolución aún para poner orden en la República. Basta de que monigotes, gorilas y primates sigan generando atropellos en nuestro país”, remarcó el diputado colorado.

El 28 de mayo pasado, la Sala Constitucional de la Corte fue integrada, luego de 15 meses para atender la expulsión de Kattya. Está conformado por los ministros: César Diesel, Gustavo Santander y Víctor Ríos. También aceptaron integrar la sala los ministros Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, así como los camaristas civiles Miguel Ángel Rodas y Esteban Kriskovich.

Por su lado, el diputado Mauricio Espínola (ANR-FR) dio otro ejemplo sobre la falta de respuesta de la Corte Suprema de Justicia con respecto a acciones de inconstitucionalidad planteadas. Dijo que la primera violación constitucional del gobierno del presidente Santiago Peña (ANR, HC) fue el juramento de Alicia Pucheta como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura y cuyo caso también está en manos de la Corte desde hace 18 meses.

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“Lo de Alicia Pucheta fue la primera violación constitucional de este gobierno. Santiago Peña reconoció públicamente que a penas la mitad de la biblioteca apoyaba su decisión, que existían diferentes lagunas jurídicas, luego de reconocer su propia inseguridad. A gritos y empujones se atropelló la Constitución en una sesión extraordinaria para hacer jurar a Pucheta”, puntualizó Espínola.

La diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) dijo que ya no existe democracia en nuestro país porque las instituciones se repartieron como propiedad privada. Dijo que se coparon todas las instituciones y lamentó que el Consejo de la Magistratura esté sometida al poder de turno.

“Este país no manda el presidente, sino se dirige desde otro sitio. El Consejo de la Magistratura fue copado. Esta a merced de intereses políticos que hoy actúa como una herramienta de persecución a quienes no se alinean o de blanqueo a los amigos. Se usa para disciplinar a los enemigos o premiar a los amigos”, lamentó la diputada opositora.

Indicó también que el juramento de Alicia Pucheta es inconstitucional y consumada entre gritos y empujones de advertencia de un atropello más a la democracia.

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“Los que deben garantizar la justicia en nuestro país fueron puestos a dedo por el poder de turno, violando la ley. Se reparten las instituciones como una propiedad privada y a los que no se alinean se les borra del mapa, serán perseguidos, intervenidos o destituidos”, puntualizó la diputada opositora.