El Poder Ejecutivo presentó al Congreso Nacional el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 por un total de G. 166,3 billones (US$ 25.754,4 millones). La propuesta formaliza una elevación temporal del déficit fiscal al 3,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) con la promesa de sincerar deudas históricas con proveedores de salud y obras públicas.

Sin embargo, el foco legislativo no debe limitarse a aprobar o rechazar un porcentaje. El ingeniero economista Robert Soto analiza la dinámica presupuestaria y expone los aspectos centrales que el Parlamento necesita auditar para proteger la estabilidad económica de Paraguay.

¿Cuál es el plan concreto para volver al límite fiscal en 2028?

El plan oficial asume un crecimiento económico de 4,2%, una inflación de 3,5% y una subida del 8,6% en la recaudación tributaria. A pesar de estas cifras favorables, el documento interrumpe la convergencia hacia el tope de 1,5% que fija la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

“Las metas fiscales son mucho más creíbles cuando están acompañadas de acciones concretas, cronogramas y mecanismos de seguimiento. Una meta sin plan es una aspiración; una meta acompañada de medidas específicas se convierte en una política fiscal creíble”, destaca Robert Soto.

El Poder Legislativo debe exigir una hoja de ruta con hitos intermedios. De lo contrario, el compromiso de ajustar los números en 2028 corre el riesgo de convertirse en una promesa postergada de año en año.

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¿De dónde salen las deudas acumuladas y qué garantiza su fin?

Una porción sustancial de los nuevos recursos no financiará proyectos inéditos. Su destino exclusivo es saldar compromisos vencidos en insumos médicos y obras del Estado.

“Incorporar esas obligaciones al presupuesto representa un esfuerzo de sinceramiento fiscal. El verdadero desafío es determinar si las causas que generaron esos atrasos ya fueron corregidas o si podrían reaparecer cuando el ciclo económico sea menos favorable”, advierte el analista.

El examen parlamentario exige desglosar cada compromiso heredado. Si el Poder Legislativo no aprueba reformas de gestión administrativa en simultáneo, el Estado repetirá el mismo margen de mora en los próximos periodos.

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¿Tienen sustento los ingresos previstos en el PGN 2027?

Las estimaciones oficiales calculan un PIB nominal de G. 433,0 billones (cerca de US$ 67.062,8 millones) y un dólar cotizado en G. 6.458. No obstante, confiar en un escenario de bonanza permanente implica riesgos estructurales.

“En los últimos años la economía ha crecido por encima de su crecimiento potencial de largo plazo, estimada por el FMI en 3,8%. El peligro es confundir ingresos cíclicos con ingresos permanentes. Esa es una de las trampas más frecuentes en las economías emergentes”, puntualiza Soto.

Si la recaudación adicional prevista responde únicamente a un ciclo favorable y no a cambios de fondo en la productividad, el déficit real resultará mucho más elevado cuando la actividad económica pierda fuerza.

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¿Es sostenible la deuda pública ante un frenazo económico?

Aunque el endeudamiento paraguayo se mantiene por debajo del 40 % del PIB, nivel observado de cerca por las calificadoras de riesgo, los desequilibrios continuados desgastan la reputación internacional del país.

“La confianza no depende únicamente del déficit actual, sino de la percepción de que existe una estrategia creíble para estabilizar la deuda y preservar la sostenibilidad fiscal. Desde la óptica del presupuesto intertemporal, todo déficit actual obliga en algún momento a una mayor recaudación, menor gasto o mayor endeudamiento futuro”, explica el especialista.

Los legisladores deben poner a prueba los números ante escenarios de menor crecimiento. Cuando los mercados internacionales dudan de la capacidad de pago de un país, la financiación futura se vuelve restrictiva y costosa para toda la sociedad.

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¿Aumenta el presupuesto la productividad y el capital humano?

El dinero público funciona igual que el presupuesto de un hogar: gasta en arreglar faltas pasadas o invierte en oportunidades que generen mayores ingresos a futuro.

“Reduciría gastos administrativos de bajo impacto, estructuras duplicadas y programas cuya efectividad no pueda demostrarse adecuadamente. Por el contrario, reforzaría tres áreas: primera infancia, atención primaria de salud e infraestructura productiva”, concluye Soto.