El Instituto de Previsión Social (IPS) llegó a la discusión de su presupuesto 2027 con una pesada mochila financiera. Ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), autoridades de la previsional informaron que las obligaciones suman alrededor de US$ 1.200 millones entre facturas pendientes y compromisos financiados a largo plazo.

La cifra abrió uno de los debates más duros de la comparecencia de ayer lunes en el Congreso. Senadores y diputados reclamaron datos sobre el origen de las obligaciones, los proveedores beneficiados con mecanismos financieros y los controles internos de la institución.

Deuda del IPS: US$ 400 millones corresponden a proveedores

La gerente administrativa y financiera del IPS, Gladys Vera, explicó que unos US$ 400 millones corresponden a facturas pendientes de pago a proveedores. A esta suma se agregan otros US$ 800 millones que cuentan con distintos esquemas de financiamiento.

Según Vera, ese segundo bloque incluye un fideicomiso a 20 años, un préstamo con plazo de 12 años y operaciones de cesión con financiamiento a tres años. La funcionaria indicó además que esas obligaciones se pagan mes a mes.

Sobre el punto, el senador Dionisio Amarilla reclamó información detallada sobre las empresas acreedoras. También pidió conocer desde cuándo se originó cada obligación, cuánto recibió cada proveedor y qué monto todavía queda pendiente.

“Este es el momento que el presidente del IPS tiene que traer toda la información o si no, nos perdemos en discutir partidas presupuestarias no más sin saber la salud real de la institución”, cuestionó Amarilla.

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Senador pide el detalle de las cesiones de crédito

Otro punto cuestionado fue la cesión de derechos aplicada a deudas del IPS. Amarilla reclamó la nómina de empresas que accedieron a ese mecanismo y planteó dudas sobre los criterios aplicados para los pagos.

Vera señaló que más de 53 proveedores utilizaron la cesión de deuda durante los periodos 2024 y 2025. Explicó que la operación suponía un costo financiero para las empresas, con tasas que, en muchos casos, oscilaban entre 12% y 14%. “Por ello no todos estaban interesados”, resaltó.

La gerente también atribuyó parte del crecimiento de las obligaciones del fondo de salud al periodo de la pandemia, cuando el IPS dio cobertura tanto a asegurados como a personas que no formaban parte del seguro social. “El crecimiento de deuda en ese tiempo fue sustancial”, expresó Vera.

La gerente justificó el uso de los recursos del IPS, resaltando que la institución antes de la pandemia no contaba con plantas de oxígeno y que a la fecha se cuenta con 44 de ellas distribuidos a nivel país. Así también nombró el servicio de tomografías computarizadas, los servicios de imágenes, hemodiálsis, entre otros.

A esto el presidente del IPS, Derlis León agregó que en el 2019 se realizaron 22 millones de prestaciones a los asegurados y en el 2025 se cerró el año con 44 millones de servicios otorgados. “Eso significa que el fondo de salud creció un 100% de prestaciones de todo lo que hacemos. Eso nos hace más estratégicos en los gastos”, reconoció.

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Esperanza Martínez apunta a la corrupción y los controles del IPS

A su turno, la senadora Esperanza Martínez llevó el debate hacia el funcionamiento interno de la institución. Solicitó al presidente León, un plan concreto contra hechos de corrupción y cuestionó las compras, las tercerizaciones y los mecanismos de fiscalización. “Dos problemas tiene IPS: la gestión y la corrupción”, afirmó Martínez durante su intervención.

La legisladora sostuvo que el problema financiero no se resuelve con una mayor cantidad de recursos si persisten gastos deficientes y prácticas irregulares. También reclamó resultados sobre la ampliación de la base de aportantes y el control a empleadores que no cumplen con sus obligaciones previsionales.

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Presidente admite debilidad en los controles internos

El titular de IPS, respondió que la nueva administración encontró fallas serias en los mecanismos internos de fiscalización. Señaló que su gestión pretende destinar mayores recursos a los órganos de control de la institución y respaldar auditorías externas. “Encontramos sistemas de control superdebilitados a lo largo de estos años”, reconoció León.

Sobre las tercerizaciones, León afirmó que su administración mantendrá aquellas que funcionen como complemento de los servicios propios, pero cortará las que presenten un uso inadecuado.

El senador José Oviedo también recordó cuestionamientos previos sobre compras consideradas innecesarias y posibles sobrefacturaciones. Preguntó a León si su administración mantendrá la política de frenar gastos sin justificación.

Por su parte, Walter Kobylansky volvió a reclamar la nómina completa de acreedores y datos sobre los ingresos del IPS. El senador señaló que la Bicameral recibe información sobre gastos, pero pidió incorporar datos que permitan contrastarlos con la recaudación.

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