“Nosotros hemos dado muestras de nuestro compromiso con la transparencia; no vamos a hacer ningún impedimento para los controles de transparencia”, respondió a boca llena el pasado viernes el presidente Santiago Peña al ser consultado sobre el pedido de la Contraloría General de la República (CGR) de intervención a las gestiones del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), y el cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez en Asunción.

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Impedimento ya lo fue y muy grave, puesto que Peña vetó en diciembre de 2023 el proyecto de ley que pretendía evitar el puenteo a las fiscalizaciones de Contraloría a través del Tribunal de Cuentas, vía históricamente utilizada para el blanqueo de administraciones cuestionadas.

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Esto debido a que, para evadir a la CGR, se presentan las rendiciones al Tribunal de Cuentas, órgano judicial sin atribuciones constitucionales y sin suficiente personal para analizar a profundidad los documentos que, al avalar las rendiciones, también permite alegar que ya es “cosa juzgada”.

El mandatario también promulgó en enero del año pasado la modificación de la Ley que “establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la Función Pública”, que fue convenientemente mutilada.

Esto permitió que, por ejemplo, el mismo Peña -impunemente- omita la declaración de sus acciones en Ueno Holding, de las cuales dijo desprenderse recién una vez que se descubrió que sus socias comerciales eran ampliamente beneficiadas con millonarias licitaciones estatales.

Peña también permitió impedir a la Contraloría -que ahora supuestamente respalda- que fiscalice los millonarios gastos sociales de las binacionales.

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En tal sentido, en complicidad con su mayoría en el Congreso, archivó el proyecto de ley que pretendía que dichos fondos se agreguen al Presupuesto General de la Nación y, por ende, puedan ser controlados por el Congreso, la Contraloría, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la ciudadanía.

Esta complicidad se mantuvo pese a las sospechas de presunto negociado con las compras de pupitres, ambulancias y equipos de escuchas legales, a través de Itaipú.

El contralor Camilo Benítez, si bien en este caso reclamó por el puenteo a su institución, ha sabido amoldarse, especialmente a este gobierno cartista, asumiendo incluso por momentos casi una actitud de “abogado defensor” del presidente de la República, Santiago Peña.

Principalmente en el caso de la mansión de Peña en San Bernardino, Benítez intentó justificar al mandatario. Ese caso no fue investigado por el organismo contralor así como tampoco hubo consecuencias por la omisión del reporte de los bonos en su declaración jurada de intereses.

Peña además “premió” a la Contraloría permitiéndole absorber la Secretaría Anticorrupción.