La iniciativa, promovida por la diputada Hanneke van der Werf, del partido liberal progresista D66, cuenta con el respaldo de otras cinco formaciones de distintas tendencias políticas y pide a la ministra neerlandesa de Educación, Cultura y Ciencia, Rianne Letschert, que abra un diálogo con las organizaciones periodísticas.

“En España se trabaja activamente en muchos ámbitos diferentes para combatir el feminicidio y los medios desempeñan un papel activo, sobre todo en la concienciación sobre este asunto”, explicó Van der Werf a la televisión pública neerlandesa NOS, después de visitar España el mes pasado junto con otros diputados.

La propuesta no pretende imponer obligaciones legales a los periodistas, sino promover acuerdos voluntarios sobre cómo abordar estos asesinatos, especialmente en el uso del lenguaje, la contextualización de los casos y la identificación de las víctimas y los agresores.

“Hay que dejar lo más claro posible quién es la víctima y quién es el agresor. Expresiones como “drama familiar” no hacen justicia a lo que ocurre dentro de una relación”, señaló la diputada.

España cuenta desde 2004 con una ley integral contra la violencia de género que incluye la responsabilidad de los medios en la protección de la dignidad de las víctimas y, aunque no existe un código periodístico único y obligatorio, diferentes medios han desarrollado sus propias recomendaciones para evitar tratamientos sensacionalistas o que puedan culpabilizar a las víctimas.

Uno de los sucesos que marcó un cambio en la percepción social y mediática de la violencia machista fue el asesinato de Ana Orantes, en 1997, después de que denunciara en televisión los malos tratos sufridos durante décadas a manos de su exmarido, explicó a NOS Laura de Grado Alonso, periodista especializada en violencia de género de la agencia EFE.

“Hasta entonces, la violencia contra las mujeres se consideraba a menudo un asunto privado, una cuestión familiar o simplemente el problema de una persona. Pero este caso lo cambió todo”, agregó De Grado Alonso.

Además, subrayó que una de las principales pautas de EFE consiste en presentar la violencia machista como parte de un problema social más amplio.

“Nunca presentamos la violencia de género como un incidente aislado o como un conflicto entre dos individuos. En nuestras informaciones, explicamos el contexto más amplio de desigualdad de género y de violencia contra las mujeres”, afirmó.

España mantiene desde 2003 un registro oficial de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y, desde 2022, también contabiliza por separado otros feminicidios cometidos fuera de ese ámbito, cifras que se añaden habitualmente a las informaciones sobre estos crímenes.

Países Bajos no dispone de un sistema oficial equivalente con esa misma clasificación.

Para los impulsores de la propuesta neerlandesa, el papel de los medios no debería limitarse a informar cuando se produce un asesinato, sino también a contribuir a identificar las señales previas de violencia y sensibilizar a la sociedad.

“Esperamos que de esta forma la sociedad pueda ser más consciente de las señales de alarma previas y que las personas las reconozcan antes”, concluyó Van der Werf.

Por ahora, la iniciativa se encuentra en una fase preliminar y está por ver si las organizaciones periodísticas neerlandesas aceptarán negociar un código común.