Desde la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama), su representante, Gricelda Yúdice, recordó que por ley el transporte público es un servicio esencial que no puede ser interrumpido en su totalidad.

Yúdice señaló que el Estado cuenta con mecanismos jurídicos para evitar la suspensión total del servicio, tal como ocurrió en otros sectores considerados esenciales.

Explicó que en áreas como salud, educación o transporte, cuando se anuncian huelgas, se obliga a mantener una cobertura mínima. “Con los médicos, docentes o choferes se establece un porcentaje de funcionamiento. No se deja a la gente sin servicio al 100%”, indicó.

En ese sentido, cuestionó que en el caso del transporte público no se haya aplicado el mismo criterio.

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Reglamentación vs. vigencia

Señaló que, a pesar de ello, el debate se centra en la aplicación de la nueva ley de reforma del transporte, específicamente el artículo 20, que establece la categoría de servicio imprescindible.

Según Yúdice, contrario a lo que dicen desde el sector transportista, la falta de reglamentación no impide su aplicación. “La ley ya se promulgó. La interpretación de ese artículo no necesita reglamentación”, sostuvo en radio Monumental AM 1080.

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Subsidios, compensación y una puja de poder

El paro se da en medio de reclamos de los gremios del transporte, que aseguran no poder cubrir los costos operativos, principalmente el combustible. Sin embargo, desde el Viceministerio de Transporte (VMT) consideran que la medida responde a una presión para acelerar desembolsos pendientes.

El Gobierno confirmó que inició el proceso para pagar US$ 3,1 millones en compensaciones, cuya acreditación se concretaría el lunes. Además, tras la Semana Santa se prevé el pago de otros US$ 4,5 millones en subsidios, totalizando unos US$ 7,6 millones.

Para Yúdice, el conflicto evidencia una relación compleja entre el Estado y los empresarios del transporte. “Se trata de sectores muy poderosos, con los que el Gobierno ha estado históricamente aliado”, señaló.

Desde Opama advierten que, más allá de la discusión económica y legal, quienes terminan asumiendo las consecuencias son los pasajeros.

“Estas pujas son de interés económico y terminamos pagando nosotros”, lamentó.