El abogado Gustavo Gorostiaga analizó los alcances legales sobre si es posible compeler a un procesado, en este caso al presidente Santiago Peña, a colaborar para abrir una bóveda de su mansión de San Bernardino mediante el uso de datos biométricos como el iris, además de detallar los marcos penales y las expectativas de pena ante un concurso de hechos punibles.

El especialista aclaró que, si bien existe el principio constitucional de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, esto no exime a los investigados de someterse a ciertos procedimientos de inspección o registros ordenados por la justicia.

“Nadie tiene obligación de declarar contra sí mismo. Sin embargo, posibles exámenes corporales, registros, si no sería imposible el alcotest, sería imposible, por ejemplo, la muestra de fluidos, incluso sangre y demás. Ahora, todo ello requiere autorización judicial”, señaló.

Ante la consulta específica sobre si se le puede exigir o forzar el uso del iris para desbloquear un dispositivo de seguridad, el experto indicó que las maniobras físicas son factibles bajo ciertos resguardos: “En tanto no entrañen daño a la salud del mismo”.

Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino

Gorostiaga reconoció que los avances tecnológicos plantean desafíos inéditos para el derecho penal actual: “La tecnología avanza mucho más rápido que la ley. Entonces, tendríamos que ver. Al respecto, el Código Procesal Penal nos habla de intervenciones corporales, incluso en el capítulo respectivo a medios auxiliares. Son actos de investigación factibles, digamos, de realización”.

Asimismo, comparó esta situación con otras medidas invasivas previstas en la normativa paraguaya, señalando que los jueces de garantías cumplen un rol fundamental: “De hecho, se pueden extraer fluidos como la sangre, por ejemplo, que implica un pinchazo y en manos de profesionales. Correcto. Eso está previsto en nuestra normativa”.

En el ámbito de las posibles sanciones y la tipificación penal, el abogado explicó cómo operan los marcos punitivos en casos de concurso de hechos (como lesión de confianza agravada y estafa agravada).

“Primero es la combinación, es decir, se busca el mínimo más alto pasa a ser el nuevo mínimo. El máximo más alto pasa a ser el nuevo máximo y al máximo más alto otra vez se le puede agregar, sin incrementar en un 50%. Es decir, si el máximo más alto serían 10, se iría a 15″.

¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía

Sobre los plazos mínimos de privación de libertad preventiva y el cómputo de la pena mínima, detalló: “En todos estos casos tenemos un mínimo de 6 meses como privación de libertad. De ahí entonces cierta urgencia en la conclusión, digamos, de esta etapa preparatoria”.