La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés aseguró que el esquema de presuntas estafas judiciales que durante los últimos años golpeó a miles de trabajadores asalariados habría ampliado su alcance y ahora estaría afectando a comunidades campesinas, emprendedores y pequeños empresarios con el despojo de inmuebles y tierras.

A través de un comunicado, la organización sostuvo que, tras realizar verificaciones, detectó que las supuestas irregularidades ya no se limitan a embargos de salarios, sino que incluyen la pérdida de viviendas, establecimientos comerciales y propiedades rurales mediante procesos judiciales que califican de fraudulentos.

Según la Coordinadora, una de las principales modalidades consiste en la realización de procesos judiciales sin que los afectados sean debidamente notificados.

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La organización afirma que se estarían ejecutando subastas judiciales y órdenes de lanzamiento -desalojos forzosos- mediante expedientes en los que presuntamente se omitieron las notificaciones legales, dejando a las familias en estado de indefensión.

La coordinadora, mediante un manifiesto sostiene que este mecanismo permitiría ejecutar bienes sin que las víctimas tengan la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.

Pedro Coronel, uno de los representantes de la coordinadora, que aglutina a cerca de 17 mil víctimas, afirmó que se encuentran en plena etapa de investigación de los casos de los afectados.

La Coordinadora sostiene que la falta de respuestas frente a las denuncias constituye una grave omisión institucional y reiteró el pedido al Congreso para que se impulse el juicio político a los ministros de la Corte Suprema, al considerar que existe un supuesto mal desempeño de funciones.

En ese sentido, emplazó al Congreso Nacional a intervenir y promover el procedimiento previsto en la Constitución para analizar la actuación de los integrantes del máximo tribunal.

Como parte de las medidas de protesta, la organización convocó a una movilización denominada “Cadenas de Dignidad”, prevista para el lunes 13 de julio.

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De acuerdo con el cronograma difundido: de 08:00 a 09:00 se realizará un encadenamiento simbólico frente al Palacio de Justicia, donde se leerán manifiestos y se entregarán documentos.

Posteriormente, desde las 09:00, los participantes marcharán hasta el Juzgado de la Encarnación para presentar un petitorio colectivo con patrocinio jurídico.

Entre los principales reclamos figuran: el levantamiento colectivo de los embargos considerados abusivos, la aprobación de proyectos de ley relacionados con el traslado de expedientes e indemnización a víctimas y el pedido para que los diputados impulsen el pedido de juicio político y la destitución de jueces, fiscales y funcionarios a quienes consideran responsables de proteger el esquema.