La docente Liz Prieto relató ayer cómo un simple préstamo de G. 1.000.000 más un microondas, solicitado en el año 2016, la dejó con una deuda de G. 3.000 millones dentro del esquema conocido como “La Mafia de los Pagarés”.

Esta situación la obliga a sobrevivir con solo G. 1.600.000 al mes, recursos con los que debe dar de comer a dos hijos y tratar de que su padre con cáncer tenga los medicamentos para sobrellevar la enfermedad.

Pablo Constantini, defensor público que asumió la representación de la docente, contó que todavía no recibió ninguno de los expedientes de Liz Prieto, que hasta el momento serían nueve en total; sin embargo, habría que buscar y confirmar si los mismos existen o no, para hacer la reconstitución y analizar que fue lo que ocurrió.

“Lo que normalmente sucede en estos casos, que no sé si es el caso en especial, es que se van acumulando los intereses a medida que la obligación vence, porque ¿qué pasa?, el día siguiente que vence una obligación, la misma comienza a generar intereses. Si yo tengo una deuda que vence en 2015 y esa deuda no se pagó en el 2015, y yo estoy intentando reclamar eso y vamos a 10 años de intereses, esa deuda va a generar, aparte de la deuda capital, todo lo debido por intereses por esos 10 años”, señaló.

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El abogado dijo que como todavía no cuenta con los expedientes, solo puede teorizar sobre lo que ocurrió con el caso de la docente Liz Duarte. Una de las teorías es que se hayan firmado autorizaciones de descuento compulsivo a la cuenta directa.

Otra es que se firmaron documentos obligacionales, sean cheques o pagarés de alguna clase de entidad financiera y la entidad financiera vendió esa cartera morosa a las empresas que hoy en día están siendo cuestionadas por haber realizado los descuentos dentro del esquema, pese a que ya se habían saldado las cuentas.

También cabe la posibilidad de la firma de algún documento en blanco, que posteriormente se presentan en juicio, lo cual está permitido según lo establecido en el artículo 402 el Código Civil.

“Nosotros ya tuvimos casos donde efectivamente teníamos las constancias de que en el descuento ya se le hizo la totalidad de ello, tanto o sea capital, más los intereses que se habían generado a la fecha y en esos casos nosotros pudimos presentar el finiquito del juicio y la parte actora correctamente aceptó y se dio por terminado, levantamos embargo y la persona se va feliz”, explicó. Con estas constancias las víctimas lograron salir de la lista de morosos, como también pudieron obtener los pagarés o documentos obligacionales, precisó.

Actualmente, la Defensoría Pública está representando a casi con 500 víctimas de la Mafia de los Pagarés.

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Los juzgados de paz tiene como límite dentro de su competencia establecer hasta 300 jornales de intereses sobre deudas de juicios de ejecución.

Constantini, quien representa también a otras víctimas de la Mafia de los Pagarés, contó que hasta ahora el monto más grande que manejó en un caso es de G. 60 millones de saldo capital e intereses.

“La persona tenía entendido que con el embargo del capital ya pagaba toda la deuda, pero después, tenemos dos momentos importantes de otro proceso, que primero es el embargo preventivo que se hace sobre la deuda de capital, posteriormente, cuando pasamos a sentencia, pasamos a la parte de ejecución, se hace una nueva liquidación donde se hace el cálculo de capital más los intereses debidos por el tiempo vencido que ha transcurrido que no se pagó la deuda”, explicó.

Esto generaría un interés de entre 2% y 3% mensual por la cantidad de meses debidos y ahí es cuando se duplica la deuda fácilmente.

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En el caso de los pagarés, estos tienen dos momentos. Uno se puede hacer el reclamo de pago a 4 años de la fecha de emisión o de la fecha de vencimiento.

“Si es la fecha de emisión, eso quiere decir que el pagaré es a la vista, o sea, yo cuando me presento me tienen que pagar. Cuando es con fecha de vencimiento, yo hoy puedo hacer un pagaré que vence en el 2065 y desde ahí a 4 años. Lógicamente del hoy al 2025 no corren intereses, ni tampoco tengo que pagar, pero el 2025 en adelante, si yo no pago, me va generando, pero tengo 4 años para hacer la acción”, detalló.

También existe la opción de realizar lo que se llama “cobro ordinario de guaraníes”, que se puede realizar después de 10 años. Con el mismo no se ejecuta el pago en sí, sino que el pagaré es una simple prueba de que se realizó el préstamo a una persona determinada.

“Lógicamente, ya no es más un juicio ejecutivo, ya es un juicio ordinario y por ende es más amplio en lo que es las defensas y los plazos para ir llevando a cabo el caso. Técnicamente, son cuatro días, dependiendo mucho. Estas empresas ya no se van por la vía ejecutiva que son los 4 años, sino que se van por la vía ordinaria que son 10 años para cobrar esa deuda”, concluyó.