La iniciativa legislativa presentada por senadores del Bloque Democrático establece que, durante cinco años desde la entrada en vigencia de la eventual ley, se suspendan la recepción, tramitación y aprobación de nuevas solicitudes para crear universidades públicas o privadas en Paraguay.

La medida también alcanzaría específicamente a las carreras de Derecho y Medicina. Durante el mismo periodo, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) no podría autorizar nuevas carreras de grado en ambas áreas, ni nuevas facultades, unidades académicas, filiales, sedes, subsedes o extensiones destinadas a impartirlas.

El proyecto de ley fue presentado el 2 de setiembre de este año, tuvo entrada oficial el 16 de setiembre pasado y fue girado a la comisión de Educación y Cultura, actualmente presidida por la senadora liberal Hermelinda Alvarenga de Ortega, vinculada a la universidad privada Nihon Gakko.

¿Por qué los senadores quieren frenar la expansión universitaria?

El proyecto fue presentado por Celeste Amarilla (PLRA), Esperanza Martínez (PPC), Rafael Filizzola (PDP), Rubén Velázquez (Yo Creo), Líder Amarilla (PLRA), Éver Villalba (PLRA), Ignacio Iramain (Independiente) y Eduardo Nakayama (PLRA).

Los proyectistas sostienen que el crecimiento de la educación superior permitió ampliar el acceso, pero consideran necesario acompañar esa expansión con condiciones verificables de calidad, relevancia, transparencia y sostenibilidad.

Según los datos citados en la exposición de motivos, actualmente existen 58 universidades fundadas por ley: 10 públicas y 48 privadas.

La propuesta plantea que antes de continuar aumentando la oferta se debe conocer con mayor precisión qué programas existen, cuáles cumplen estándares de calidad y cuál es la demanda real del país.

¿Por qué un título universitario no acreditado no siempre es sinónimo de mala calidad?

El proyecto advierte sobre la diferencia existente entre las carreras autorizadas y aquellas que cuentan con acreditación. Según datos de la ANEAES citados en la iniciativa, en abril de 2026 existían 191 titulaciones de Derecho autorizadas, mientras que 33 estaban acreditadas.

Los proyectistas aclaran que una carrera no acreditada no necesariamente significa que sea de mala calidad, ya que puede tratarse de un programa nuevo, encontrarse en proceso de evaluación, estar en pausa o atravesar situaciones administrativas. Sin embargo, consideran que la brecha entre autorización y acreditación justifica evaluar la oferta existente antes de habilitar nuevos programas.

A los senadores les toca de cerca, ya que el exsenador Hernán David Rivas (ANR, HC) se vio forzado a tener que renunciar a su banca en el Senado ante su inminente expulsión en el marco del proceso por supuesto título falso de abogado que enfrenta.

¿Por qué Medicina tendría un tratamiento especial?

La iniciativa sostiene que la expansión de Medicina requiere capacidades que van más allá de la apertura de una carrera y de la disponibilidad de aulas.

En la exposición de motivos de la norma en estudio, los nuevos programas necesitan docentes, laboratorios, bibliotecas, espacios de simulación, investigación, hospitales, campos prácticos y pacientes, además de capacidad institucional suficiente para garantizar la supervisión clínica y la adquisición de las competencias profesionales.

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De acuerdo con los datos de ANEAES incluidos en el proyecto, existen 43 programas médicos activos que funcionan a través de 25 universidades. De esas instituciones, 22 cuentan con acreditación en el Modelo Nacional y tres de ellas también tienen acreditación en el Sistema ARCU-SUR.

En abril de este año, la senadora Blanca Ovelar (ANR, disidente) reveló que el embajador de Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes, calificó como una “estafa” la habilitación masiva de carreras de Medicina. En medio de la preocupación, el pleno de Senado había aprobado un pedido de informes al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), mientras la legisladora instó a sus colegas a asumir la responsabilidad política ante el riesgo para la formación médica en el país.

¿La norma aclara que no implica cierres de universidades?

No. El proyecto establece expresamente que la moratoria no implica el cierre de ninguna universidad ni la eliminación de títulos existentes.

Los estudiantes podrán continuar sus estudios de Derecho, Medicina o cualquier otra carrera actualmente disponible. Las instituciones existentes también podrán ampliar sus planes de estudio, incorporar tecnología, realizar investigaciones y solicitar o renovar acreditaciones.

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El proyecto contempla una excepción para las iniciativas de creación de universidades que ya hayan ingresado formalmente a alguna de las Cámaras del Congreso y cuenten con expediente parlamentario abierto al momento de entrar en vigencia la eventual ley.

Estos proyectos podrán continuar su trámite, pero deberán contar con el dictamen favorable y vinculante del CONES, conforme a la legislación vigente.

¿Qué información deberán conocer los estudiantes y sus familias?

La propuesta también crea un Registro Público Nacional de Carreras y Egresados, que estaría administrado de manera coordinada por el CONES y el Ministerio de Educación y Ciencias.

El registro deberá ser público, gratuito y permanente, y permitir consultar la situación jurídica y académica de cada propuesta educativa.

Entre otros datos, deberá incluir la institución responsable, carrera, sede, resolución de habilitación, estado de funcionamiento, capacidad de plazas, proceso de evaluación, condición y vigencia de la acreditación, medidas correctivas e incluso la nómina de egresados por carrera y año.

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La iniciativa pretende utilizar el periodo de moratoria para evaluar y acreditar las carreras existentes, mejorar la regulación, fortalecer los mecanismos de garantía de calidad y transparentar la información disponible.

Los proyectistas plantean que, terminado el periodo, el CONES y la ANEAES deberán presentar al Congreso un informe público sobre los resultados de la moratoria, los avances en evaluación y acreditación, los indicadores de calidad y las condiciones existentes para volver a crear universidades y expandir las carreras de Derecho y Medicina.

¿Qué hizo el Senado con una propuesta similar?

Hace dos años, la Cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley que buscaba suspender durante cinco años, a las nuevas carreras de medicina en el país. En la votación se tuvieron 18 votos a favor, contra los 17 que votaron por el rechazo. Sin embargo, se necesitaban 20 de los 39 presentes para darse el ok a la normativa.

La propuesta de ley que tenía como principal promotora a la senadora Blanca Ovelar (ANR, disidente) surgió porque los campos de práctica de estudiantes por cada región sanitaria están excedidos en cuanto a capacidad de los servicios.

En ese momento los defensores de la norma señalaban que con mas habilitaciones de carreras de medicina se sobrepasaba la capacidad de recepción de estudiantes, lo cual va en detrimento de la formación de los futuros profesionales de la salud.