Jorge Sabaté, director jurídico de la Municipalidad de Asunción, dijo que trabajan para resolver los conflictos abiertos con contratistas de obras en ejecución, por falta de pago, durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista). Entre los trabajos afectados se encuentran los de la plaza Naciones Unidas y el desagüe pluvial del Abasto (cuenca Itay). En ambos casos, las empresas iniciaron avenimientos ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

El director jurídico señaló que la intención del intendente, Luis Bello (ANR-cartista) es pagar, pero dependerá de la situación financiera de la comuna. “Estamos tratando de generar recursos, con medidas como el levantamiento del desbloqueo para que pueda ingresar más dinero a la Municipalidad y se pueda cumplir con todas las obligaciones”, remarcó.

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Óscar Pérez, integrante de la Asesoría Jurídica, confirmó que en el avenimiento con el Consorcio Pluvial Abasto, responsable de la cuenca Itay, esperan la resolución de cierre del proceso en la DNCP, luego de que las partes no hayan llegado a un acuerdo. El asesor señaló que a partir de ese momento, la empresa podría recurrir a instancias judiciales para el cobro de lo adeudado por la comuna.

Pérez agregó que, pese al diferendo, la empresa tiene contrato vigente, por lo que sigue sujeta al plazo para la ejecución de las obras. “Caso contrario también son pasibles de algún tipo de sanción, que podría ir desde la aplicación de multas hasta suspensión para seguir siendo prestadores de servicios al Estado”, explicó.

Obras de Nenecho: baja ejecución y sobrecostos

El desagüe pluvial del Abasto es una de las 8 obras que el exintendente Rodríguez había prometido con los bonos G8 (2022), de G. 360.000 millones. A tres años de esa emisión, apenas había iniciado 4 de ellas, sin terminar una sola.

La cuenca fue adjudicada al Consorcio Pluvial Abasto, integrado por Construcciones y Viviendas Paraguayas y Chaves Construcciones S.A.I. y representado legalmente, entre otros, por Óscar Antonio Rubiani. El costo total de la obra es de G. 71.393 millones y según consta en el portal de la DNCP, se pagaron G. 23.792 millones.

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En su informe final, Carlos Pereira, interventor de la gestión de Nenecho, reportó un avance de obras de apenas 35% en la cuenca Itay, “con retrasos en el cronograma de ejecución atribuible a las lluvias”, además de defectos en el proyecto original.

El interventor se basó en un informe técnico realizado por la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), que reportó además sobrecostos de hasta 135% en la adjudicación de estas obras. El resultado fue un incremento de más de US$ 8 millones en referencia a lo previsto en el plan de inversión aprobado por la Junta Municipal, que autorizó la emisión de los bonos en 2022.

Cuarto intermedio en Naciones Unidas

El director jurídico de la comuna dijo que en el caso de la plaza Naciones Unidas, obra prometida con los bonos G6 (2020), cuyo avance es de alrededor del 90%, la empresa adjudicada abrió un nuevo proceso de avenimiento, que según explicó, se encuentra en un cuarto intermedio.

“Tenemos órdenes del intendente de solucionar esto, más que nada por el tema de los de la comisión vecinal para que puedan disfrutar la plaza”, dijo Sabaté, en referencia a la acción de los vecinos que el fin de semana retiraron las vallas.

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Tanto el director jurídico como autoridades de la Dirección de Desarrollo Urbano fueron convocados hoy a la sesión de la Junta Municipal, pero el encuentro fue postergado para la próxima semana, ante la llegada tardía de los representantes de Asuntos Jurídicos.

Durante la sesión, el concejal Miguel Sosa (ANR-cartista) calificó la acción de los vecinos de la plaza como un “hecho vandálico”, lo cual que fue duramente criticado por su colega, Jazmín Galeano (PPQ), quien dijo que “vandalismo fue lo que le hizo la Municipalidad a los vecinos, al privarle de su plaza durante más de dos años”.

Obra paralizada

De los G. 100.000 millones de los bonos G6, emitidos en 2020, G. 10.000 millones tenían previsto utilizarse para la refacción de 10 plazas. A cinco años de la emisión, las cuentas bancarias destinadas a esos fondos ya no aparecen en los balances de la Municipalidad.

La obra había sido adjudicada a la firma D&D Arquitectura y Construcción S.R.L., representada legalmente por Dardo Nicolás González Ramos, por G. 2.094 millones, cifra que trepó hasta G. 2.332 millones. La contratista había iniciado ya el año pasado un proceso de avenimiento ante la DNCP, por el cual entregó la obra a otra empresa, cuyos datos no fueron entregados por la Municipalidad.

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Actualmente, un nuevo proceso de avenimiento se encuentra en cuarto intermedio ante la DNCP. La empresa reclama el pago de un certificado de obras por G. 586 millones, mientras la comuna reclama multas por el considerable retraso. Iniciada en marzo de 2023, la obra debía finalizar el 30 de septiembre de ese mismo año.

En la noche del viernes, vecinos del barrio Mburicaó, donde se encuentra la plaza, sacaron las vallas cansados de esperar la culminación de las obras y reclamando que el lugar se convirtió en un foco de inseguridad. Además cuestionaron el presunto desvío del dinero de las obras para la campaña de la esposa del exintendente, la senadora Lizarella Valiente. El sábado, un equipo de ABC constató que obreros particulares volvieron a colocar las vallas y un guardia privado custodiaba el sitio.

Intervención confirmó el desvío de bonos

El 22 de agosto, minutos antes de la presentación del contundente informe de la intervención a su gestión y ante la inminencia de su destitución, Rodríguez presentó su renuncia.

De los G. 360.000 millones de los bonos G8 (2022), Rodríguez desvió G. 512.000 millones mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, según el informe final del interventor Carlos Pereira.

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En reemplazo de Rodríguez, la Junta Municipal eligió a Luis Bello (ANR-cartista). El nuevo intendente enfrenta la crítica de concejales de la oposición y algunos funcionarios, que lo acusan de mantener el modelo de gestión dejado por Nenecho, pese a algunos cambios en su Gabinete.

Rodríguez, en tanto, enfrenta por lo menos ocho procesos judiciales, incluyendo una acusación formal por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”.