A través de sendas presentaciones, los exdirectores de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Cristian Amarrilla y Hugo Baptista, ambos procesados en el caso #LaMafiaManda, recurrieron a la Cámara de Apelación para tratar de obtener arresto domiciliario. Ambos están procesados por supuesta asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal agravada por la condición funcional y omisión de funcionario encargado de prevenir.

#LaMafiaManda: esquema de corrupción y de filtraciones blindó a Eulalio “Lalo” Gomes

En la semana pasada, el juez penal de Garantías Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de todos los procesados por supuestas filtraciones, investigación iniciada tras el análisis de los mensajes del teléfono del fallecido diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes.

El primero en apelar la medida restrictiva de libertad, decretada a pedido de la Fiscalía, fue el abogado Francisco De Vargas -exfiscal y exministro antidrogas- quien ejerce la defensa de Cristian Porfirio Amarilla Cabaña (48), director de Inteligencia de la Senad al momento de la imputación.

Exdirector de Inteligencia de la Senad alega “gravamen irreparable”

De Vargas señala que durante la audiencia de imposición de medidas, expuso “la ausencia de elementos de convicción individualizados respecto de Cristian Amarilla, la inexistencia de contacto directo verificable con Eulalio Gómez Batista, la brevedad del ejercicio del cargo de Director de Inteligencia —apenas tres meses antes del único hecho puntual y fechado que se le atribuye—, el arraigo familiar y laboral de mi defendido, acreditado con certificado de matrimonio y actas de nacimiento de sus hijos, y el ofrecimiento de un inmueble en garantía a los efectos de una eventual medida sustitutiva de arresto domiciliario”.

Se entrega director de Inteligencia de Senad imputado por supuestas filtraciones

El defensor sostiene que el juzgado decretó la prisión preventiva para los tres procesados que se presentaron en el mismo día para la audencia por igual, sin considerar la situación particular de su representado, para quien, afirma, la medida ocasiona un gravamen irreparable.

“El A.I. N.° 343 funda la existencia de “elementos de convicción suficientes” y del periculum in mora respecto de los tres imputados en forma conjunta, sin analizar, en lo que a Cristian Amarilla respecta, cuál es su aporte concreto, individualizado y diferenciado del de sus coimputados. Basta la lectura del Considerando del auto impugnado para advertir que las expresiones allí utilizadas —“los imputados”, “los justiciables”, “los encausados”— se predican indistintamente de los tres procesados, sin que en ningún pasaje de la resolución se identifique, respecto de Cristian Amarilla en particular, un solo elemento de convicción que le sea atribuible con exclusividad", afirma De Vargas.

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Finalmente, el defensor destaca la inexistencia de peligro de fuga o de obstrucción a la investigación, resalta la necesidad de evitar la aplicación innecesaria de este tipo de medidas y finaliza con la solicitud de la revocatoria de la prisión preventiva y la aplicación de otra medida menos gravosa, como el arresto domiciliario.

Defensa de Hugo Baptista habla de contradicciones y pide arresto

La segunda apelación fue presentada por los abogados Derlys Damián Martínez Giménez y Fernando Emmanuel Garcete Urunaga, defensores de Derlis Baptista Báez (53), director general antidrogas de la Senad al momento de la imputación, actualmente recluido en la prisión militar de Viñas Cue.

“Nuestro defendido se presentó voluntaria y espontáneamente ante el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional en la mañana del 18 de setiembre de 2026, acompañado de su abogado defensor, hecho reconocido públicamente por el jefe de dicha dependencia policial y reproducido por la totalidad de los medios de comunicación nacionales. Lo hizo conociendo ya la suerte corrida por los coimputados, a quienes el Juzgado había decretado prisión preventiva en los días inmediatamente anteriores”, explican.

A continuación, señalan una serie de cuestionamientos a hechos descriptos en la imputación y que, afirman, fueron aceptados sin mayor análisis por el juzgado, al que cuestiona igualmente por no considerar la fianza real y personal ofrecida por la defensa, para que Baptista pueda acceder al arresto domiciliario.

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“La resolución asume sin examen crítico una imputación que se contradice a sí misma: se atribuye a una misma persona haber facilitado la fuga de un individuo y, simultáneamente, haber omitido investigar esa misma fuga. Como se señaló en la audiencia, ello equivale a reprochar a un sujeto la tentativa de homicidio y, por el mismo hecho, la omisión de auxilio a la víctima (...). La incompatibilidad lógica entre ambas atribuciones fue expuesta ante el Juzgado y no obtuvo respuesta”, señala otra parte de la presentación.

Todos los imputados en el caso #LaMafiaManda

Ambas apelaciones serán objeto de estudio por parte del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción, primera sala, integrado por Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni.

Esta causa se inició como derivación de la investigación abierta a partir de la información obtenida mediante la extracción de datos del celular del diputado Eulalio Gomes, incautado en el allanamiento que concluyó con su muerte en un enfrentamiento con la Policía, el 19 de agosto del 2024.

Sobrina de Lalo era pieza clave de infiltración en la Justicia

Los chats del legislador expusieron esquemas de presunta corrupción en instituciones como la Fiscalía, el Poder Judicial, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que ya generaron consecuencias en distintos ámbitos.

Además de los altos jefes de la Senad ya mencionados, también están procesados y con prisión preventiva la funcionaria de la Fiscalía Helga Lizany Concepción Solís Gomes, sobrina de Eulalio “Lalo” Gomes; Aldo Osmar Pintos Martínez (50), coronel del Ejército Paraguayo y Alicia Marlene Vázquez Samaniego (43), agente especial subinspector de la institución antidrogas.