En los últimos meses, la sostenibilidad del sistema vuelve a estar en el centro del debate público, impulsada por las preocupantes cifras que revela el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su último informe. Uno de los indicadores más críticos es la relación entre activos y pasivos, es decir, la cantidad de aportantes por cada jubilado o pensionado, que, en varios sectores claves, se encuentra lejos del umbral considerado saludable para mantener el equilibrio del sistema.

De acuerdo con el MEF, en un contexto ideal se requieren al menos seis aportantes activos por cada beneficiario pasivo para garantizar la viabilidad financiera de la Caja Fiscal. Sin embargo, los datos muestran que ningún sector alcanza esta proporción. La situación más crítica se observa en el sector militar, con una relación de 2,0, seguido del Magisterio Nacional, el segmento más numeroso en términos de afiliados y donde la relación es de solo 2,1 activos por pasivo. A pesar de contar con más de 80.000 aportantes, también registra más de 38.000 jubilados y pensionados. La proporción se explica, en parte, por las condiciones diferenciadas de jubilación de este sector, donde no se exige una edad mínima y basta con 25 a 28 años de aportes para acceder al beneficio. Además, la tasa sustitutiva (porcentaje del último salario que se percibe como jubilación) es muy elevada, situándose entre 83% y 87%.

Las Fuerzas Policiales también es otro sector con complicaciones, ya que existen 3,1 activos por cada pasivo. Estas cifras son alarmantes considerando que los mencionados sectores se rigen por esquemas especiales que permiten jubilaciones tempranas y con una alta tasa de reemplazo.

Por su parte, los docentes universitarios presentan una mejor relación (6,8), siendo el único sector que supera el umbral de seis activos por pasivo. Sin embargo, este grupo es uno de los menos numerosos en cuanto a cantidad de aportantes, lo cual limita su impacto estructural en el conjunto de la Caja Fiscal.

Por su parte, la Administración Pública, con más de 90.000 aportantes, mantiene una relación de 4,6, lo que, si bien está por debajo del nivel ideal, se acerca más que otros sectores. En este grupo, la edad mínima para jubilarse es de 62 años y se requieren 40 años de aportes, condiciones más alineadas con criterios de sostenibilidad. Además, se aplica una tasa sustitutiva del 100%, lo que plantea desafíos importantes si esta relación no mejora.

Otro sector de peso es el de Magistrados Judiciales, donde también se observa una baja relación de activos por pasivos (3,3). A pesar de que este grupo es relativamente pequeño, las condiciones jubilatorias son igualmente beneficiosas: basta entre 25 y 28 años de aportes sin exigencia de una edad mínima. Asimismo, se aplica una tasa de 83% y 87%, respectivamente. Lo mismo ocurre en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que acceden a la jubilación con solo 30 años de aportes, sin requerimientos de edad y con una tasa del 100%.

Los datos presentados por el MEF dejan en evidencia que el régimen previsional, especialmente dentro de la Caja Fiscal, enfrenta serios problemas de sostenibilidad. La coexistencia de condiciones de retiro ventajosas, una creciente cantidad de pasivos y una base de aportantes que no logra expandirse al ritmo necesario, dibujan un escenario complejo. Más aún, estas distorsiones se profundizan en sectores que concentran una parte importante del gasto previsional, como el magisterio y las fuerzas de seguridad.

El informe también recuerda que estas cifras son especialmente preocupantes cuando se otorgan jubilaciones bajo condiciones especiales, como la falta de edad mínima o los ajustes automáticos de haberes, pues ya compromete la capacidad de financiamiento. Por tanto, la advertencia es clara: mantener estas reglas sin reformas estructurales podría poner en riesgo no solo la sostenibilidad financiera, sino también la equidad intergeneracional del sistema.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.