Una jueza de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Barcelona se remite a anteriores episodios de maltrato sufridos por la fallecida en un auto en el que acuerda el ingreso en prisión provisional de su pareja, Y.G.M., tal y como pedía la Fiscalía.

El hombre está acusado inicialmente de un delito de homicidio -que podría ser calificado de asesinato en función de la evolución de la investigación-, ya que los hechos apuntan que el presunto asesino mató con 11 puñaladas a su pareja, de 35 años y nacionalidad brasileña, en su domicilio del barrio de Sant Martí de Barcelona, ante los hijos de ambos, de 4 y 8 años.

Tras matar a su pareja, Y.G.M. se fugó ensangrentado del domicilio, hasta que hacia las 1:25 horas de la madrugada se entregó en una comisaría de los Mossos d'Esquadra (policía regional catalana), donde confesó que había apuñalado a la víctima.

En el auto en el que acuerda enviar a prisión al detenido, la jueza resume los indicios que lo incriminan y, entre ellos, refiere el testimonio de varias amigas de la fallecida, que declararon que la mujer les había relatado "episodios de violencia de los que era víctima desde hace más de diez años".

Las testigos añadieron además, según el juez, que "las agresiones eran continuas, que nunca denunció por miedo a que la matara y por miedo a que hiciera daño a sus hijos y que llegó a estar en una casa de acogida para mujeres maltratadas".

En su auto, la jueza considera que en este caso, en el que el autor confesó los hechos, son "evidentes" los indicios de un delito de homicidio o de asesinato por parte de Y.G.M..

Ante esta situación, justifica la decisión de enviarle a prisión por el riesgo de fuga, que ve "evidente" ante la elevada pena de prisión del delito de homicidio o de asesinato, y también para evitar que pueda atacar a los niños, que son menores de edad.

También de acuerdo con la petición de la Fiscalía, prohíbe al detenido comunicarse y acercarse a menos de mil metros de sus dos hijos menores -que se encuentran en un centro de acogida- y de los padres de la víctima, al tiempo que ordena el embargo de sus bienes para hacer frente a futuras indemnizaciones derivadas del crimen.