La decisión fue adoptada por siete votos contra uno y pone fin a más de dos años de incertidumbre sobre el futuro de la Ley 2381 de 2024, que fue sancionada por Petro pero cuya entrada en vigor quedó suspendida en 2025 después de que la Corte detectara vicios en su aprobación en la Cámara.

"Se ha aprobado la mayor parte de la nueva ley de reforma pensional. De las tres reformas fundamentales de mi gobierno: laboral, pensional y de salud solo queda la de salud. Un nuevo triunfo del gobierno del cambio y del pueblo trabajador", escribió el exmandatario en X.

La reforma establece un sistema de cuatro pilares: uno solidario, dirigido a adultos mayores en situación de pobreza; uno semicontributivo, para quienes cotizaron pero no alcanzaron las semanas necesarias para pensionarse; otro contributivo, que concentra la mayor parte de los aportes, y uno de ahorro individual, que mantiene la participación de los fondos privados.

Uno de los cambios centrales consiste en que los trabajadores deberán cotizar sus ingresos hasta un determinado umbral en el componente administrado por Colpensiones, el fondo estatal de pensiones, mientras que los recursos que superen ese límite podrán dirigirse al componente de ahorro individual administrado por los privados.

La norma también mantiene las edades actuales de jubilación, que en Colombia son de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, y la cotización del 16 % del ingreso.

Sin embargo, el aval de la Corte no significa que el nuevo sistema empiece a operar inmediatamente, porque la fecha de entrada en vigor prevista originalmente, el 1 de julio de 2025, ya pasó, por lo que el tribunal estableció que la reforma comenzará a regir en abril de 2027, mientras se completa el trámite de los apartes devueltos al Congreso.

Además, el Gobierno deberá reglamentar la ley y Colpensiones, los fondos privados y las demás entidades tendrán que adaptar sus sistemas y procedimientos.

La decisión también deja pendientes los recursos de los afiliados que utilizaron la llamada "ventana de oportunidad" para trasladarse de régimen, ya que más de 27 billones de pesos (unos 8.440 millones de dólares) están relacionados con esos movimientos y su traslado hacia el fondo público permanece sujeto a procesos ante el Consejo de Estado.

El fallo supone así una victoria para el legado de Petro, pero también abre un nuevo escenario político, pues el actual presidente, Abelardo de la Espriella, ha anunciado su intención de impulsar una contrarreforma para modificar aspectos de la iniciativa.