
La CIJ responsabiliza a Birmania del genocidio rohinyá y le ordena investigar e indemnizar
En un fallo de casi tres horas leído en La Haya por el juez presidente Yuji Iwasawa, el máximo tribunal de Naciones Unidas concluyó que Birmania "cometió genocidio contra el grupo rohiny...
En un fallo de casi tres horas leído en La Haya por el juez presidente Yuji Iwasawa, el máximo tribunal de Naciones Unidas concluyó que Birmania "cometió genocidio contra el grupo rohinyá" en el norte del estado de Rakáin, en el primer fallo de la CIJ, fundada en 1945, que establece la responsabilidad de un Estado por este crimen.
Tras considerar probados asesinatos masivos, violencia sexual y medidas destinadas a impedir nacimientos, los jueces determinaron que "la única conclusión razonable" que permite explicar las acciones de las fuerzas birmanas es una "intención de destruir una parte sustancial" de esta comunidad, un elemento fundamental para establecer jurídicamente la existencia de genocidio.
"Nuestro pueblo, que todavía sigue sufriendo, podrá respirar con cierto alivio y recuperar la esperanza de que algún día podremos regresar a nuestro país", aseguró a EFE en la CIJ Sayedul Karim, defensor de derechos humanos rohinyá y fundador de Iniciativa por la Justicia Rohinyá (RJI), que ha documentado crímenes y facilitado el contacto entre víctimas, testigos y equipos jurídicos.
La Corte consideró probado que las fuerzas de seguridad birmanas cometieron "asesinatos indiscriminados", separaron y ejecutaron a hombres y perpetraron actos generalizados de violencia sexual durante las operaciones militares de 2017.
Según la sentencia, las pruebas respaldan la estimación de que unas 10.000 personas de esta minoría fueron asesinadas durante la ofensiva, en la que también se cometieron "actos de extrema violencia contra menores" y ataques contra quienes intentaban huir hacia el vecino Bangladés.
Los jueces concluyeron además que las aldeas rohinyás fueron destruidas sistemáticamente, sustituidas por infraestructuras permanentes y repobladas con personas ajenas a esta comunidad.
El tribunal también consideró probado que las operaciones militares causaron "graves daños físicos y mentales" a un número muy elevado de rohinyás y que Birmania impuso medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro de este grupo.
La CIJ estableció así que se cometieron tres de las conductas contempladas en la Convención: matanzas, daños físicos o mentales graves y medidas para impedir nacimientos.
Además, determinó que Birmania incumplió su obligación de impedir que personas que actuaban junto a sus fuerzas de seguridad cometieran genocidio, al igual que su deber de investigar y castigar los crímenes y aprobar la legislación necesaria para aplicar la Convención.
Sin embargo, la Corte no consideró probado que el Estado hubiera incitado directa y públicamente a particulares a cometer genocidio.
Como parte de la sentencia, la Corte ordenó a Birmania facilitar el regreso "seguro, voluntario y digno" de los rohinyá desplazados, tanto dentro del país como en el extranjero, y garantizar la reunificación de las familias separadas.
También exigió devolver o sustituir las propiedades perdidas o dañadas, facilitar la búsqueda de desaparecidos y la recuperación, identificación y entierro digno de los fallecidos, garantizar la rehabilitación física y psicológica de los supervivientes, y proteger a esta comunidad de la discriminación y la persecución.
Además, el tribunal obliga al Estado birmano a investigar a todos los sospechosos de haber cometido actos de genocidio durante la ofensiva y, cuando corresponda, procesarlos y castigarlos, además de ofrecer "garantías de no repetición" de violaciones similares.
Birmania deberá indemnizar a la comunidad rohinyá y a sus miembros por los daños que no puedan repararse mediante la restitución y presentar a la Corte, en un plazo de dos años, un informe sobre las medidas adoptadas y las compensaciones correspondientes.
La Corte determinará el importe y las modalidades de las indemnizaciones más adelante.
La ofensiva militar de 2017 provocó la huida de más de 700.000 rohinyás hacia Bangladés, después de décadas de discriminación y restricciones de derechos en Birmania, incluida la falta de reconocimiento de su ciudadanía.
La Corte consideró precisamente que esa negación de su ciudadanía fue un elemento central de su vulnerabilidad, relevante para determinar la intención genocida, y exigió protegerlos frente a la discriminación en el acceso a la nacionalidad y en su libertad de circulación.
La sentencia de hoy responde a una demanda presentada por Gambia contra Birmania en 2019 por violaciones de la Convención contra el Genocidio, con la intervención posterior de otros once países.
Durante las audiencias, Birmania rechazó las acusaciones y defendió que sus operaciones militares respondieron a ataques del grupo armado Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA), al que acusó de terrorista.
El fallo, definitivo y sin posibilidad de recurso, no supone una condena penal individual de militares o dirigentes concretos, y se centra en la responsabilidad internacional del Estado.
