El fiscal Luis Albertini indicó que existe una violación del principio de imparcialidad debido a que el Tribunal de Sentencia no admitió el incidente de ampliación de acusación durante la audiencia del pasado 15 de julio, tras la declaración de la concejal Idilia Peralta (ANR).

El agente del Ministerio Público sostuvo que si bien el Tribunal de Sentencia posee la facultad de admitir o rechazar la ampliación en este caso, el colegiado no emitió decisión alguna.

Agregó que incluso la jueza Elsa García, presidenta del Tribunal, insistió con vehemencia en el retiro del mismo sin correr traslado a la defensa.

Albertini indicó que los demás integrantes del colegiado requirieron nuevas explicaciones y, finalmente, luego de la constante interrupción se solicitó la manifestación de la insistencia o desistimiento nuevamente de la ampliación de la acusación.

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Para el fiscal, con la sola lectura de la relación fáctica se puede verificar la existencia de hechos nuevos surgidos del testimonio de la concejal Idilia Peralta durante la audiencia del pasado 15 de julio.

Durante su declaración, la concejal manifestó que, en su breve período como intendente interina convocó a los adjudicatarios de obras públicas con el propósito de verificar la ejecución de contratos celebrados durante la gestión de Víctor Garay (ANR).

En ese contexto nombró al arquitecto Roque Elías Pavón, quien manifestó que jamás había celebrado contrato alguno con la Municipalidad de Jesús respecto a las obras atribuidas a su empresa. La edil indicó que, debido a eso presentó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal N.º 5 de Encarnación.

El fiscal indicó que la ampliación no fue admitida ni rechazada y tampoco se difirió su tratamiento mediante resolución fundada.

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En respuesta, la jueza Elsa García, presidenta del colegiado, rechazó los argumentos del fiscal Albertini y agregó que el agente del Ministerio Público no explicó con la debida claridad los hechos nuevos.

“Vamos a informar al Tribunal de Apelación qué es lo que ha acontecido y también irá la filmación del Poder Judicial a los efectos de dejar constancia de esa situación”, manifestó la magistrada.

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La jueza manifestó que el Tribunal no ha conculcado ningún derecho del Ministerio Público en ningún caso y tampoco lo va a hacer.

El intendente Víctor Garay está acusado por un presunto daño patrimonial de G. 2.440 millones en el periodo fiscal 2022 de los fondos especiales otorgados a los municipios para obras y preservar el patrimonio cultural por las leyes 5255/14 y 6145/18.