En su sesión ordinaria, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió iniciar investigación preliminar sobre las actuaciones del ex fiscal antidrogas Guillermo Sanabria, hoy día juez penal de sentencias de Alto Paraguay; y la fiscala antidrogas Pamel Pérez, por supuesta omisión y negligencia en una investigación penal.

El mocionante fue el diputado Alejandro Aguilera, quien partió de una publicación periodística y a cuyo criterio el actuar de los agentes del Ministerio Público citados, el caso cumple con los presupuestos de gravedad, notoriedad y de afectación al interés social y público, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley N° 6814/2021 del JEM.

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La investigación de oficio fue aprobada por los demás miembros del órgano extrapoder, la vicepresidenta 1° Alicia Pucheta, el vicepresidente 2° y senador Derlis Maidna, Diego Candia, Enrique Berni, César Garay (titular del JEM), el ministro Manuel Ramírez, el senador Mario Varela.

Durante la misma sesión, los miembros del Jurado solicitaron la remisión de informes detallados sobre al causa.

El caso Troya como origen

La fiscala Pamela Pérez hizo su descargo ante el JEM, por escrito. La agente califica de sensacionalista la publicación que dio origen al proceso, pues transmite la idea errónea de que hubo negligencia y que el pedido fiscal benefició a un criminal de alto perfil.

Refirió que se relaciona al caso “Troya”, causa caratulada como “Antoliano Galeano y otros s/ transgresión a la Ley N° 1340/88 y su modificatoria". En este operativo fue anulada una organización dedicada al microtráfico en Asunción y Central.

La fiscala Sostuvo que los supuestos integrantes de este grupo criminal ya están acusados y a la espera de su audiencia preliminar.

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Además, en un desprendimiento de esa causa fue imputado otra persona identificada como Porfirio Ferreira Duarte, un enfermero de Pedro Juan Caballero. Esto en base a comunicación interceptada de la línea del sindicado como líder de la estructura, Antoliano Galeano, alias Pelé.

Antoliano Galeano y los presuntos miembros de su red, fueron imputados y acusados por tenencia sin autorización de estupefacientes (artículo 27), asociación criminal (artículo 42) y comercialización de sustancias peligrosas (artículo 44), igualmente Porfirio Ferreira, pero por otra porción fáctica, pues se le atribye la provisión de medicamentos controlados al grupo, señaló Pérez.

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Procedimientos realizados

Entre 2022 y 2023 se realizaron varias diligencias investigativas que derivaron en 12 allanmientos simultáneos, el 27 de febrero de 2023, en Asunción, Central y Pedro Juan. En estos operativos fue apresado Antoliano Galeano. Para esos procedimientos fue designada, en esa fecha, la fiscala Pamela Pérez en calidad de coadyuvante del titular de la causa, Guillermo Sanabria.

Pérez subrayó que “el carácter de coadyuvante como su nombre lo indica, implica la función de apoyo y asistencia al agente fiscal titular de la investigación y no el de intervenir directamente en la causa y ni mucho menos de ejercer un control o supervisión”.

Detalló Pérez que, en el marco de la pesquisa surgieron tres audios que involucraron al enfermero Porfirio Ferreira. En base a esto, el fiscal Sanabria lo imputó el 3 de mayo de 2024, como supuesto encargado de proveer medicamentos controlados (pastillas) a la organización de Antoliano Galeano para su posterior venta. Ferreira se entregó el 6 de agosto de 2025.

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Sobreseimiento provisional por falta de elementos para acusar

Pérez agregó que entre el 3 y 28 de febrero de 2025 el fiscal titular de la causa, Guillermo Sanabria, salió de vacaciones. En tanto que la fecha para requerimiento conclusivo del caso fue fijada para el 6 de febrero de 2025, por lo que ella presentó el pedido de sobreseimiento provisional.

En ese contexto, refirió Pérez, tres días antes de presentar el requerimiento conclusivo “he realizado una evaluaci6n completa de todas las actuaciones y diligencias colectadas” y “se ha concluido de que no se contaban con los elementos suficientes para sostener con fundamento serio una acusación fiscal”.

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Añadió que los principales obstáculos fueron, que inicialmente la Policía informó de que Porfirio Ferreira era proveedor de medicamentos controlados al grupo de Antoliano Galeano.

Sin embargo, “se ha descartado de que esa información haya sido obtenida bajo técnicas de investigación y vigilancia por parte de la Policía, lo cual ya le restaba respaldo a la hipótesis inicial, ya que solo se contaba con 3 audios puntuales que surgieron, no así con el apoyo de vigilancia, seguimiento, incautaciones de medicamentos controlados en los allanamientos simultáneos realizados en Asunción y en el Departamento Central, extracción de datos de celulares y otros”.

Al respecto agregó que ese obstáculo “imposibilitó llegar a la información de identificar qué tipos de medicamentos contenían las cajas de las que se hablaba en las escuchas, para poder cotejar si esos medicamentos eran controlados o no conforme al listado al que se requiere artículo 1 de la Ley 1340/88”. Entonces, al no contar con esos elementos se solicitó spbreseimiento el provisional.

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Trámite judicial y ratificación de Fiscalía General

El 26 de febrero de 2025, se realizó la audiencia preliminar ante la jueza penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Rosarito Montanía. La magistrada dio trámite de oposición en base al artículo 358 del Código Procesal Penal (CPP) y remitió las actuaciones a la Fiscalía General del Estado para que ratifique o acuse.

Es así que, por Dictamen N° 287 del 14 de marzo de 2025, la fiscala Adjunta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Soledad Machuca, tras un control de las actuaciones, ratificó el pedido de sobreseimiento provisional solicitado por la fiscala Pamela Pérez.

Machuca en su dictamen, según consta en el descargo de Pérez, señaló que los indicios arrojaron elementos de sospecha suficientes que dieron lugar a la imputación del mismo, sin embargo estos elementos no resultan suficientes para sostener objetivamente los extremos enunciados en el acta de imputación”.

Finalmente el 19 de marzo de 2025, la jueza Rosarito Montanía sobreseyó provisionalmente al imputado mediante el AI N° 45. En su análisis, la magistrada señaló “que los medios obtenidos por el Órgano Investigador, claramente no se traducen en elementos suficientes para la comprobación de los hechos y la participación del incoado”.

Fiscal afectada cuestionó señalamientos de magistrada

“El Ministerio Público no ha realizado tareas investigativas que pudieran direccionar o establecer la responsabilidad penal del encausado sino recién lo hizo a pocos días del vencimiento de la fecha de presentación del requerimiento conclusivo, por lo que denota a todas luces, la omisión o negligencia por parte del órgano investigador”, señala también la resolución judicial.

Teniendo en cuenta que a Porfirio Ferreira “no es considerado por el Ministerio Público como un narcotraficante sino como un enfermero que aparentemente vendía o proveía a otra persona de medicamentos controlados no se ha dictado el Sobreseimiento Provisional de una persona miembro de una organizaci6n criminal dedicada directamente al Trafico de Estupefacientes -cocaína -como si lo son los que señalamos en este escrito como los principales acusados”.

Al respecto, Pérez señala que le sorprendió de sobremanera que “la Jueza Penal de Garantías a sabiendas y con pleno conocimiento de que esta Representaci6n Fiscal no tuvo a su cargo el impulso de esta causa, le invoca como responsable de la misma, ocasionándome esta circunstancia una exposici6n innecesaria en los medios de prensa.

Por último enfatizó en que el juzgado “no ha fundamentado el motivo par el cual considera de que hubo una negligencia grave en la investigacibn, es decir, no ha explicado que diligencias se pudieron hacer en la etapa investigativa y porque las mismas pudieron haber sido relevantes para hacer variar la posición final del Ministerio Público”.