Unos 129 navieros, entre ellos, capitanes de la Marina Mercante, junto a sus representantes legales promovieron una acción de amparo constitucional de pronto despacho contra el Instituto de Previsión Social (IPS) que recayó en el Juzgado en lo Civil y Comercial de la Capital 12° Turno.

Según el gremio, la acción tiene como finalidad que el IPS se expida formalmente sobre las solicitudes presentadas por los asegurados respecto al reconocimiento de los efectos de la sentencia de la Corte Suprema, la inaplicabilidad de los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 98/92 y el pago de las diferencias y retroactivos que correspondan.

Asimismo, los representantes señalaron que, pese al tiempo transcurrido desde la presentación de las solicitudes administrativas, hasta el momento no se ha emitido hasta la fecha una resolución expresa.

“El amparo no pretende que la Justicia sustituya al IPS en la decisión administrativa, sino que se ordene a la institución cumplir con su deber de responder y resolver las peticiones formuladas, permitiendo a los afectados conocer la posición oficial del organismo y ejercer, en su caso, las acciones que correspondan”, aseguran.

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En el 2017 un grupo de alrededor de 100 capitanes presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley que establece un tope a las jubilaciones y desde ese año hay situaciones con este caso. Durante el proceso, en el 2023, la justicia salió a favor de los navieros privados ante la inconstitucionalidad que plantearon al tope de las jubilaciones del IPS para así acceder a una jubilación por encima de los 10 salarios mínimos.

Tras el visto bueno desde el Poder Judicial hace tres años, la gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, había detallado que estas jubilaciones causarían un impacto a los fondos “por encima de los 100 millones de dólares”, ya que se trata -nuevamente según lo declarado por ella en agosto del 2023- de “129 personas que pretenden jubilarse con unas cifras millonarias”.

En enero de este año, el diputado Miguel Martínez presentó un pedido de informes al Instituto de Previsión Social (IPS) sobre los reclamos jubilatorios de navieros. El conflicto tiene como trasfondo el reclamo de los capitanes navieros que exigen el pago íntegro de sus jubilaciones, amparados en una acción de inconstitucionalidad favorable dictada en noviembre de 2024, que dejó sin efecto el tope aplicado por el IPS.

La Corte Suprema de Justicia argumentó que los marinos debían percibir su jubilación de acuerdo a los montos que habían aportado al IPS, a pesar de pasar el tope de pago permitido porque la previsional había descontado sumas mayores a las que le estaba permitido durante toda su vida laboral activa.

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