Pobladores del asentamiento La Esperancita, ubicado en la compañía Taguato de Paso Yobái, recurrieron a las autoridades ante su preocupación por el supuesto desecamiento de un estero o zona de humedales.

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público y señala que se estarían realizando trabajos de canalización con el objetivo de drenar el agua acumulada en el área y modificar su régimen natural.

La fiscal de la Unidad Especializada del Medio Ambiente, María Jadiyi Ortiz, encabezó un procedimiento de verificación en el sitio, un inmueble privado, acompañada por funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y del Instituto Forestal Nacional (Infona).

La intervención se realizó mediante un allanamiento. Durante el procedimiento, las autoridades pudieron constatar que efectivamente se estaban ejecutando trabajos de canalización dentro de un inmueble ubicado en la zona denunciada.

“Efectivamente se están realizando canalizaciones en grandes dimensiones, de hasta cuatro metros de ancho y un metro y medio de profundidad, con maquinaria pesada”, explicó la fiscal Ortiz.

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La representante del Ministerio Público señaló además que las excavaciones observadas eran recientes, lo que permitió constatar en el lugar la existencia de trabajos de movimiento de suelo de considerable magnitud.

Según la denuncia de los pobladores, las canalizaciones tendrían como finalidad secar la zona de humedal, una situación que genera especial preocupación debido a la proximidad del área con un cauce hídrico. El responsable de la actividad habría sido identificado como Héctor Duarte, poblador de la zona, y el inmueble intervenido sería propiedad de su familia. El mismo habría señalado que pretende utilizar el lugar para actividad ganadera.

Ortiz indicó que el sitio intervenido se encuentra cercano al arroyo Capiibary, por lo que la eventual alteración del régimen natural de las aguas podría tener implicancias ambientales que deberán ser determinadas durante la investigación.

Ante la situación constatada, la Fiscalía conversó con el encargado del inmueble o responsable de los trabajos y le explicó la gravedad de las obras que estaban siendo ejecutadas, atendiendo a sus dimensiones y a las características ambientales del lugar.

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De acuerdo con Ortiz, el responsable manifestó durante el procedimiento que detendría temporalmente los trabajos mientras las autoridades recaban la documentación correspondiente ante el Mades.

La fiscal explicó que uno de los principales puntos que deberá determinarse es si las obras cuentan con la autorización ambiental correspondiente y, en caso de existir una licencia, si los trabajos realizados se encuentran dentro de los límites establecidos en ella.

En ese sentido, Ortiz confirmó que el propietario cuenta con una licencia ambiental, pero señaló que existen indicios de que las obras actualmente ejecutadas podrían exceder lo autorizado por el Mades.

Los pobladores solicitaron que, mientras se desarrolla la investigación y se determina la situación legal y ambiental de los trabajos, se adopten las medidas correspondientes para evitar que continúen las intervenciones.