El pasado jueves, 31 de julio, la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer los resultados de una auditoría realizada en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) y Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y que comprende los años2022, 2023 y 2024. Las principales irregularidades tienen que ver con la compra y distribución de medicamentos oncológicos.

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Durante este periodo, fueron directores del Incan los doctores Julio Rolón, Raúl Doria y Jabibi Noguera. Esta última fue interventora de agosto a octubre de 2024, cuando pasó a ocupar la dirección general.

Diversas irregularidades se mencionan en las 235 páginas que tiene el informe. Por ejemplo, se dejaron vencer fármacos por G. 5.497.255.313, equivalentes a US$ 746.909 al cambio del día. Se menciona también que Salud Pública no suspendió la compra de una droga adquirida por G. 1.368.984.000, iguales a US$ 186.003, pese al fallecimiento de la paciente que debía ser beneficiada vía amparo judicial. Además de comprarse igual la medicina, también la dejaron vencer, sin entregarse a otro paciente.

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Otro cuestionamiento de la Contraloría es la entrega o distribución de fármacos a servicios privados, como el Centro Médico Oncológico Nuestra Sra. de la Asunción, que se benefició con fármacos del Incan por valor de G. 1.763.186.510, iguales a US$ 239.563. Se citan también otros establecimientos, como el Centro Médico Integral – REVITA (Raúl Doria, exdirector del Incan, es director ejecutivo), Sanatorio San Roque SRL, La Costa, Centro Médico Bautista, Sanatorio Migone y, IPHIC.

Considerando los elevados montos detallados que da el informe de auditoría y el enorme perjuicio que significa para la salud pública, desde la Contraloría General de la República indicaron que se está considerando denunciar el hecho ante el Ministerio Público.

El controlar general Camilo Benítez, expresó a ABC que están analizando la presentación de una denuncia penal, pero aclaró que todavía es pronto para confirmar que se remitirá el caso al Ministerio Público, ya que el informe de auditoría se emitió la semana pasada y todavía se están articulando reuniones al respecto.

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Sobre la adquisición de un costoso medicamento oncológico para una paciente que ya había fallecido, Benítez indicó que lo más acertado sería derivar la situación a la Fiscalía. “El caso del medicamento que fue comprado tras el fallecimiento del paciente es un caso muy particular que sería improbable que no deba ser profundizado por la Fiscalía. No veo la forma de que no sea enviado al Ministerio Público”, aseveró.

Según la suma de todas las observaciones que tienen que ver con vencimiento de medicamentos, compras de fármacos realizados vías gastos judiciales pese a formar parte del listado de insumos esenciales, entrega de costosas drogas a servicios privados y el Instituto de Previsión Social (IPS) sin acuerdo de devolución y, obligaciones de pago no registradas, la pérdida para el Incan y Salud Pública sería de unos US$ 58 millones.