
Imputan a intendenta de Valenzuela por lesión de confianza y uso de documentos falsos
La agente fiscal Betti Brítez, de la Fiscalía Zonal de Piribebuy, presentó una imputación contra la intendenta de Valenzuela, ...
La agente fiscal Betti Brítez, de la Fiscalía Zonal de Piribebuy, presentó una imputación contra la intendenta de Valenzuela, Mirtha Elizabeth Fernández Yegros, y otras cinco personas por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, en su modalidad de uso y declaración falsa.
Según la imputación, el perjuicio patrimonial ocasionado a la municipalidad sería de aproximadamente G. 300 millones, debido a pagos realizados con recursos del Fonacide por obras de construcción que presuntamente no se habrían ejecutado.
Para justificar los pagos, se habrían utilizado documentos con contenido falso.
En uno de los casos, de acuerdo con el Contrato n.° 01/2021 de fecha 11 de febrero de 2022, la municipalidad de Valenzuela, representada por Fernández Yegros, formalizó mediante Contratación Directa n.° 02/21 un acuerdo con la firma La Constructora O.R., representada por Óscar Rodas.
El contrato indicaba que la obra de empedrado estaba incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con ID N.° 405.685, correspondiente a la ubicación “Compañía Juan Cancio Flecha, acceso a la Escuela Básica N.° 2246 Santa Catalina”.
Intendenta liberal fue detenida tras comparecer en audiencia preliminar
Sin embargo, al verificar los registros de la DNCP, la Fiscalía constató que dicha obra ya había sido ejecutada entre los años 2012 y 2013, lo que indica que la empresa constructora habría cooperado con la intendenta para generar un perjuicio patrimonial de G. 174.931.000 millones y falsificar información remitida a las instituciones de control.
En otro caso, la municipalidad autorizó la adquisición de carga de ripios para caminos vecinales de la compañía Cerro Corá Cañada, a cargo de M.L.F. Proyectos y Construcciones, representada por María Liz Fleitas, por un valor de G. 124.300.000 millones.
La Fiscalía tiene sospechas de que la obra no se habría ejecutado y que se pagó utilizando información correspondiente a otra obra distinta a la adjudicada.