Los gobiernos de la región que "intentan definir su relación con la Administración Trump, ya sea voluntariamente o bajo coacción" tendrán que asumir "una responsabilidad muy clara si participan en violaciones de los derechos humanos", afirmó en una rueda de prensa la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.

"Y si, llegado el caso, estos gobiernos colaboran directamente, por ejemplo, mediante labores de inteligencia o participando en ataques como las claras ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico, tanto el Gobierno en sí, como sus dirigentes a título personal y los miembros de sus gabinetes podrían ser considerados responsables", dijo.

Durante el acto, convocado para presentar un informe sobre la "alianza peligrosa" en temas de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, Goebertus insistió en que si algo muestra la experiencia de América Latina "es que no se es efectivo contra el crimen organizado eliminando garantías, eliminando derechos".

"El pueblo latinoamericano que sufre como ningún otro las consecuencias del crimen organizado tiene derecho a la seguridad, tiene derecho a vivir tranquilamente, pero no tiene por qué escoger entre la seguridad y sus derechos humanos", indicó posteriormente a EFE.

El informe de HRW publicado este martes documenta ataques y torturas contra civiles durante una operación militar conjunta en marzo entre Washington y Quito en la localidad de San Martín, fronteriza con Colombia, donde fuerzas ecuatorianas detuvieron arbitrariamente y torturaron a cuatro trabajadores agrícolas colombianos.

También encontró que es muy probable que las autoridades estadounidenses hayan tenido algún grado de participación o conocimiento de ataques a los navíos pesqueros La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, ocurridos también en marzo frente a las costas de las islas Galápagos.

Esta "investigación rigurosa" se realizó a partir de testimonios de sobrevivientes, información satelital, análisis de rastreo y herramientas de verificación de imágenes y también incluye una pesquisa sobre la desaparición en enero del barco pesquero ecuatoriano Fiorella y buena parte de su tripulación.

"Nuestra tarea es llamar la atención sobre la gravedad de estos hechos", insistió Goebertus, que planea compartir estos hallazgos con otros grupos de DD.HH. y pedir al Congreso de EE.UU. que exija explicaciones al Gobierno de Trump sobre los incidentes.

Washington se ha desvinculado de estos ataques, a diferencia de las decenas de operaciones contra embarcaciones, supuestamente utilizadas por el narcotráfico, y los más de 200 muertos -a los que califica de "narcoterroristas"- por los que sí se ha responsabilizado desde que comenzara en septiembre pasado su campaña antidrogas en aguas caribeñas y del Pacífico.

La directora para las Américas también denunció amenazas contra el sistema judicial en Ecuador e insistió en que cuando se fortalecen las instituciones democráticas, la capacidad forense y se "articula la capacidad de los fiscales, de los jueces con la policía, es posible derrotar el crimen organizado sin necesidad de violar los derechos humanos".