El ex intendente cartista Gustavo Rodríguez y otras nueve personas siguen enjuiciadas y en cada audiencia los testigos confirman las desprolijidades administrativas que dejaron un millonario perjuicio a la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú.

Durante su declaración, el economista Celso Velázquez, quien formó parte del equipo del interventor Amancio Rivas, indicó que tras el análisis de la gestión de Gustavo Rodríguez no encontraron un solo documento que respalde la gestión a lo largo del 2022.

“Encontramos que la mayoría de los documentos que generaron estaban pendientes de firma. Jurídicamente no es válida, porque no firmaron ni el intendente ni el otro ordenador de gasto”, dijo Celso Velázquez.

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El profesional dijo que no estaba validado por la firma, tampoco había una ejecución presupuestaria, por lo que solicitó los respaldos documentales al BNF, y se encontraron con copias simples sin firmas. Es decir, los millonarios pagos quedaron sin respaldo.

El economista indicó que la gestión de Gustavo Rodríguez debía emitir registros informáticos al cierre del 2022 ante la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, solo encontró hasta julio, luego ya estaba bloqueado.

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Celso Velázquez explicó además que administrativamente la intervención cubrió de manera íntegra la gestión del 2022, porque el entonces interventor Amancio Rivas evaluó como válida el informe final realizado por la Contraloría General de la República durante la gestión del 2021.

El economista dijo que, durante el periodo evaluado no encontró ningún documento que avalara de manera legal las supuestas obras ejecutadas. Incluso manifestó que solicitaron en tres ocasiones a la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú, y recién bajo amenaza de apercibimiento recibieron una nota que indicaba “que no tenían datos”.

“No se encontró ningún documento desde el llamado, adjudicación, fiscalización hasta el pago de las obras. También enviamos en tres ocasiones que nos digan dónde estaban las supuestas obras y no nos respondieron. Recién bajo apercibimiento nos contestaron que no tenían datos”, dijo el economista Velázquez.

El profesional explicó además que no encontraron balances, rendiciones de cuentas, ejecuciones de cuentas, ni proyectos. Es decir, la gestión del cartista Gustavo Rodríguez era un descalabro administrativo.

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También subió a declarar José Antonio Cáceres, encargado de recepcionar los documentos que agregó en el anexo el informe de la Intervención que fue enviada al Poder Ejecutivo y a la Cámara de Diputados.

Cáceres indicó que el alcance de la intervención fue desde el 2021 hasta el 2022 y que muchos de los documentos solicitados no tuvieron respuestas.

Alejandro Frank, quien se encargó de buscar las obras supuestamente ejecutadas durante el 2021 y el 2022, dijo en declaración que no encontró ninguna obra hecha.

Explicó que durante la intervención hizo de soporte técnico, debido a que es administrador de empresas y cuenta con especializaciones en gestión pública, con lo cual accedió a las documentaciones recolectadas en el proceso.

Afrontan juicio oral junto al ex intendente Gustavo Rodríguez; Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera).

Asimismo, José Luis Baruja Legal (contador), Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo), Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración) y Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la Unidad Operativa de Contrataciones).

El Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Matías Garcete, Adriana Planás y Elsa García, convocó para la prosecución del juicio el próximo 26 de agosto a las 08:30 con la declaración de dos testigos más.