Al analizar los datos por departamento, cinco departamentos presentan los mayores niveles de ocupación informal no agropecuaria en 2024, superando el promedio nacional. Este grupo está encabezado por Guairá (75,3%), seguido de Caaguazú (74,9%), Paraguarí (74,1%), Cordillera y Amambay, ambos con 73,5% de informalidad laboral. Como se observa, todos con cifras superiores al 70%, lo que indica que más de 7 de cada 10 trabajadores en estas zonas no acceden a derechos laborales básicos como seguro social, salario mínimo o estabilidad.

En efecto, las cifras reflejan no solo la persistencia de estructuras productivas poco formalizadas, sino también las limitaciones de políticas públicas para promover una inserción laboral de calidad. En departamentos como Guairá y Caaguazú, con una base industrial y comercial modesta, la informalidad se ha mantenido elevada a pesar de su ubicación estratégica y relativa cercanía a centros urbanos más dinámicos.

Por su parte, Paraguarí, Cordillera y Amambay enfrentan contextos distintos, pero igual de complejos: mientras los primeros presentan una alta dependencia del turismo interno y del comercio informal, el tercero, fronterizo con Brasil, muestra una economía fuertemente influida por actividades comerciales transfronterizas, muchas veces por fuera del marco legal.

Los cinco departamentos reflejan una realidad laboral marcada por la fragilidad institucional, la desigualdad territorial y la falta de oportunidades formales. A pesar del crecimiento económico nacional sostenido por varios sectores económicos, la inclusión laboral sigue siendo un desafío, especialmente en zonas rurales y periurbanas. El contraste con departamentos como Asunción (44,4%) o Central (55,7%) revela una brecha persistente entre el interior del país y los centros urbanos más desarrollados.

Los altos niveles de informalidad expuestos no solo reducen la recaudación tributaria, sino que también limitan el acceso a protección social y estabilidad laboral para miles de trabajadores. En este contexto, urge repensar políticas que aborden no solo la creación de empleo, sino también su calidad, articulando incentivos a la formalización con estrategias de desarrollo productivo territorial.

Por tanto y a modo de remarcar, para avanzar hacia un modelo de desarrollo más equitativo se requiere una estrategia multisectorial que combine inversión pública en infraestructura, fortalecimiento de la educación técnica, fomento a la formalización de microempresas y una mayor presencia del Estado en las regiones más rezagadas. De lo contrario, millones de paraguayos seguirán excluidos del sistema de protección social, perpetuando la pobreza y la desigualdad estructural, así como profundizando los niveles de asistencias sociales.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.