A través de un decreto emitido por el Ejecutivo en el marco de las facultades legislativas que le otorgó el Parlamento, esta reforma legal abre la puerta a que las fuerzas del orden puedan abrir fuego con mayor facilidad contra criminales, pero también en otros contextos como la represión a manifestaciones.

La Administración de Fujimori modificó el código penal para considerar "inimputable" a quien alegue haber actuado bajo legítima defensa en contra de otra persona, derivando en la Fiscalía la misión de demostrar lo contrario.

"Se presume que quien ejerce la legítima defensa ha actuado de modo racional frente a la agresión, correspondiendo al Ministerio Público demostrar lo contrario", señala el decreto, que excluye la valoración de proporcionalidad del uso de la fuerza empleado para evitar la amenaza.

"La racionalidad del medio empleado y su uso siempre deben valorarse desde la perspectiva de quien ejerce la defensa y conforme a las circunstancias existentes al momento de la agresión. Toda resolución judicial que descarte esa presunción requiere de motivación cualificada, bajo sanción de nulidad", agrega el documento.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señaló en un comunicado que "se considerarán el peligro enfrentado, la conducta del agresor, los medios disponibles y los derechos protegidos, desde la perspectiva de quien tuvo que defenderse en ese momento".

"Si el fiscal verifica que se cumplieron todos los requisitos de la legítima defensa, deberá disponer que no se formalice ni continúe la investigación preparatoria y ordenar el archivo de lo actuado inmediatamente. Así, se buscan evitar los costos personales, familiares y económicos de un proceso penal innecesario", apuntó el Ministerio.

Asimismo, los jueces que descarten la presunción de racionalidad deberán justificar especialmente su decisión, de modo que "el incumplimiento de esta exigencia será causal de nulidad".

"Esta garantía también se contempla para los procesos judiciales en trámite en los términos establecidos por el decreto", detalló la institución a cargo del ministro Ernesto Álvarez, quien fue anteriormente magistrado del Tribunal Constitucional.

Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, "estas garantías permiten investigar los hechos y sancionar los excesos que correspondan, manteniendo en el Ministerio Público la carga de la prueba".

"El objetivo es que el sistema de justicia distinga adecuadamente entre quien comete una agresión ilegítima y quien actúa para proteger su vida, integridad o derechos", concluyó.