El Ministerio de Justicia (MJ) dispuso la intervención de la Penitenciaría Regional de Misiones tras la fuga de Ignacio Cubilla, condenado a 13 años de prisión por tráfico de drogas, y Pascual Benítez, condenado a 26 años por homicidio doloso.

La medida tiene como objetivo investigar las circunstancias en las que se produjo el hecho y permitir que el interventor reúna toda la información necesaria para determinar responsabilidades, según indicó el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel.

Añadió que mientras dure la intervención, el director del establecimiento, Francisco Benítez, permanecerá apartado de sus funciones para facilitar el desarrollo de las averiguaciones administrativas.

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Indicios apuntan a una posible liberación de presos

Maciel indicó que las primeras evidencias analizadas por las autoridades hacen presumir que la fuga no habría ocurrido sin apoyo interno. Según explicó, existen indicios que hacen pensar en la participación de funcionarios penitenciarios, por lo que el caso ya fue comunicado al Ministerio Público.

El viceminitro reveló que la Fiscalía intervino de manera inmediata, realizó un allanamiento y recolectó evidencias que serán incorporadas a la investigación.

Agregó que la principal hipótesis es que no se trató simplemente de una fuga, sino de una posible liberación de los internos.

“El fiscal interviniente también ya hizo un allanamiento y recolectó algunas evidencias porque hay datos que indicarían que no sería sencillamente una fuga, sino una liberación de presos”, declaró.

Ubicación de los condenados será objeto de investigación

Maciel refirió que otro de los puntos bajo análisis es la permanencia de ambos condenados en el sector de admisión de la penitenciaría.

Comentó que uno de fugados había sido trasladado desde la cárcel de Encarnación por razones de seguridad, luego de registrar inconductas en ese establecimiento. Mencionó que las autoridades verificarán si esos argumentos justificaban realmente su permanencia en esa área.

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Dos funcionarios están bajo investigación

En paralelo a la investigación penal, el interventor desarrolla un proceso administrativo para determinar eventuales responsabilidades dentro del penal, conforme refirió el funcionario del MJ. Afirmó que si durante ese procedimiento surgen nuevos hechos con relevancia penal, serán comunicados nuevamente a la Fiscalía.

También señaló que, actualmente, dos funcionarios penitenciarios son investigados. Uno de ellos ya fue apartado del cargo, mientras que el otro continúa en funciones debido a que los indicios en su contra todavía son considerados preliminares.

Acotó que las averiguaciones administrativas se apoyan en las imágenes del circuito cerrado de televisión, los registros del personal de guardia y la documentación relacionada con la custodia del sector donde se encontraban los dos condenados al momento de la fuga.