La seguridad de los fondos previsionales debe ser un tema que debe volver a ser prioridad en cuanto los requisitos para depositar los recursos en bancos; sin embargo, la eliminación de dicho pre requisito hace un par de años, ha motivado la alta concentración de fondos del IPS en algunas entidades (ueno bank en particular), lo que ha encendido la alerta sobre posibles riesgos no solo para la institución, sino para los jubilados y los que van a jubilarse en el futuro.

Al respecto, el ex ministro de Hacienda y el titular del Instituto de Previsión Social (IPS) Benigno López sostuvo que la seguridad de los fondos debe volver a ser el requisito central para definir dónde se colocan los recursos de trabajadores y jubilados.

López afirmó que durante años el patrimonio de las instituciones financieras funcionó como una barrera básica para limitar la exposición del IPS ante eventuales riesgos.

Ese parámetro, sin embargo, fue eliminado en los últimos años de las reglas internas que regulaban la negociación de certificados de depósito de ahorro (CDA). A su criterio, esa decisión favoreció una concentración significativa de recursos en un grupo reducido de entidades que ofrecen tasas más altas.

“El requisito que la ley pide primero es la seguridad”, señaló López, al insistir en que la previsional debe priorizar la protección de los fondos por encima de la rentabilidad.

El ex titular del IPS remarcó que esta discusión afecta directamente a los actuales jubilados y a los trabajadores que financiarán futuras prestaciones.

¿Qué establecen la disposiciones legales?

La resolución Nº 012-013/2016 del IPS, aprobada el 11 de febrero de 2016, establecía que los límites de inversión debían calcularse a partir del patrimonio efectivo auditado de cada entidad.

La norma también dispuso el uso del sistema Datatec y fijó un reglamento para la adquisición y negociación de CDA. Bajo ese esquema, el IPS podía invertir hasta el 100% del patrimonio efectivo auditado de un banco.

Para las financieras, el tope era menor: hasta el 45% de su patrimonio efectivo auditado. El Banco Nacional de Fomento (BNF), por su condición estatal, contaba con un límite diferenciado de hasta el 150% de su patrimonio efectivo auditado.

Sin embargo, el 12 de noviembre de 2024, el Consejo de Administración del IPS anuló las resoluciones y disposiciones que integraban aquel reglamento de inversiones. La medida fue justificada como una adecuación a la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, promulgada el 14 de diciembre de 2023.

En un periodo de 30 meses, Ueno Bank logró capturar más de G. 5 billones (más de 850 millones de dólares a la cotización actual) de dinero estatal y del IPS. Esta cifra representa el doble del propio patrimonio efectivo de ese banco que, según declaró la misma entidad, era de G. 2,2 billones al cierre de 2025.

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“No es una situación casual”

Para López, la supresión de los límites patrimoniales modificó la lógica con la que se evaluaba la colocación de los recursos previsionales.

Según afirmó, el sistema pasó a privilegiar la búsqueda de rendimiento financiero sin mantener el mismo resguardo sobre la solvencia y capacidad patrimonial de las entidades receptoras. “El patrimonio efectivo era un requisito clave para determinar la seguridad de la inversión”, expresó.

“No es casual de que IPS haya de alguna manera modificado sus requisitos para la colocación de sus recursos en el sistema financiero y que haya eliminado por ejemplo el patrimonio efectivo como requisito clave para determinar la seguridad de la inversión”, afirmó.

Explicó que al eliminar dicha regla, lo que se permitió es que avance un sistema diferente donde están buscando la rentabilidad por sobre la seguridad, que es un riesgo.

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Pedido de informe del Congreso: Prueba de fuego para el BCP

La controversia también llegó al Congreso, que solicitó informes al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre aspectos relacionados con la acumulación de recursos del IPS. López, quien integró el directorio de la banca matriz, sostuvo que la respuesta del BCP será determinante para despejar las inquietudes públicas.

A su entender, existen preocupaciones sobre un manejo institucional que no ha sido suficientemente claro.

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“El BCP está ante una prueba de fuego ante las preguntas que hace el Senado”, manifestó.

El ex ministro señaló que la calidad y precisión de las explicaciones que entregue la autoridad monetaria determinarán si logra transmitir tranquilidad a la ciudadanía. La discusión, dijo, trasciende una operación financiera puntual porque compromete la confianza en instituciones responsables de custodiar recursos de interés colectivo.

López describió además la credibilidad del Banco Central como un bien público que debe ser preservado mediante información clara y decisiones debidamente fundamentadas.

Las consultas del Poder Legislativo constan de 31 preguntas enfocadas principalmente en auditar las operaciones de supervisión y límites prudenciales en el sistema financiero, haciendo especial énfasis en la fusión y movimientos de entidades como ueno bank y el manejo de fondos públicos e inversiones del IPS. El plazo oficial para que el Banco Central del Paraguay (BCP) remita sus respuestas a los pedidos de informe aprobados por el Congreso vence el próximo 9 de octubre de 2026