En un comunicado, la institución afirmó que fueron sus propias investigaciones las que revelaron la posible intervención de Ruffo Appel y de otras personas procesadas, y defendió que las actuaciones se han realizado con apego al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos.

La FGR añadió que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa conforme a la Constitución mexicana, por lo que las personas imputadas por ese ilícito no pueden seguir su proceso en libertad.

El pasado 23 de julio, un juez federal vinculó al proceso a Ruffo Appel y otras siete personas por su presunta participación en una estructura relacionada con el contrabando y la comercialización ilegal de combustibles.

Según informó antes la Fiscalía, Ruffo Appel fue procesado por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, recibió la prisión preventiva y permanece en el penal federal del Altiplano, en el central Estado de México.

La investigación comenzó con el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, y después se extendió a San Luis Potosí y Nuevo Laredo.

La FGR sostiene que se declaraba solo el 10 % del contenido real de algunas unidades.

La institución también señaló que Ruffo Appel se incorporó en 2018 al capital de la empresa identificada como principal importadora y que para 2021 era accionista y secretario del consejo de administración.

Antes de su detención, el exgobernador, de 74 años y militante del Partido Acción Nacional (PAN), negó irregularidades y aseguró que colaboraría con las autoridades, mientras opositores del Gobierno han calificado el caso como "persecución política".