El juicio oral y público por supuesta coima en Alberdi se reinició hoy, luego de tres convocatorias frustradas y una suspensión de la audiencia oral y pública por más de 10 días. Esto como consecuencia de una recusación contra el Tribunal de Sentencia que fue descartada por infundada, pero que obligó a retrotraer el juicio a foja cero.

En esta causa están acusados el exjuez penal de Garantías y la entonces fiscala de Alberdi, Geraldino Cazal y María Angélica Bjasso y el abogado Luis Méndez. Los dos primeros están acusados por presunto cohecho pasivo agravado y el segundo, por supuesto tráfico de influencias.

La acusación está a cargo del fiscal Luis Piñánez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea).

Fiscala y ex juez buscan excluir pruebas ofrecidas en juicio por supuesta coima

En la jornada de hoy, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Ana Rodríguez e integrado por Yolanda Morel y Karina Cáceres escuchó los incidentes planteados por las tres defensas y posteriormente, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 16.

Acusados por supuesto pedido de coima buscan excluir “pruebas claves”

Las defensas de los tres acusados centraron sus esfuerzos en excluir pruebas claves ofrecidas por el Ministerio Público, principalmente la transcripción de una conversación grabada por el abogado denunciante y la grabación propiamente dicha.

La defensa de la fiscala Acosta Bjasso, actualmente asignada a Villa Elisa, planteó la nulidad de la acusación, tras argumentar que la misma está basada en la extracción de datos de la grabación y de la resolución que dispuso la elevación a juicio oral, tras alegar una supuesta diferencia entre hechos acusados y sostenido en la preliminar.

Fiscala va a juicio con juez y abogado por supuesta coima

Otro punto cuestionado por la defensa de la agente fiscal es la fecha en que se presentó la acusación, que sostiene fue extemporánea, pues inicialmente tuvo sobreseimiento provisional y posteriormente se solicitó la reapertura de la causa.

Abogado plantea prescripción

A su turno, la defensa del exmagistrado Cazal planteó la exclusión de las mismas pruebas objetadas por la defensa de la coacusada mientras que la defensa del abogado Méndez planteó la prescripción de la causa, tras argumentar que está acusado únicamente por tráfico de influencia.

El letrado también cuestionó su procesamiento por el referido delito, pues a su criterio, únicamente los funcionarios públicos pueden ser sancionados por este hecho punible.

Fiscala y ex juez buscan excluir pruebas ofrecidas en juicio por supuesta coima

La acusación con relación a este caso refiere que entre julio y agosto de 2019, el juez Geraldino Cazal y la fiscala María Angélica Acosta habrían solicitado y recibido sumas de dinero, a través del abogado Luis Méndez con el fin de favorecer a un procesado por coacción sexual y violación con medidas menos gravosas a la prisión.

Según la acusación, Méndez propuso al denunciante el pago de G. 40 millones, que según su versión, serían distribuidos de la siguiente manera: G. 20 millones a la madre de la víctima, G. 10 millones a la fiscala Acostay los G. 10 millones restantes al juez.

Méndez y Acosta fueron aprehendidos en una entrega vigilada realizada en agosto del 2019.

Proceso paralelo por supuesto tráfico de influencia

Actualmente, Méndez afronta un proceso paralelo por una situación similar, pues el 2 de octubre del año pasado fue nuevamente detenido durante una entrega vigilada de G. 20 millones.

Abogado es imputado por tráfico de influencias

La imputación por supuesto tráfico de influencia presentadas por los fiscales Verónica Valdez y Luis Piñánez revela que letrado habría solicitado el dinero para entregarlo a un agente fiscal. Esto supuestamente a cambio de un dictamen favorable a la concesión de medidas sustitutivas para un procesado por supuesto abuso sexual en niños en Alberdi.