La denuncia la presentó el viernes último en la fiscalía adjunta de Concepción; el agente fiscal trabaja en Pedro Juan Caballero, pero es oriundo de la capital del primer departamento.

Según dijo Morales Fernández, se ha enterado de manera extraoficial que en el año 2023 se presentó un dictamen fiscal, ente un juzgado en Concepción, que lleva su firma y sello.

Recordó que desde febrero de 2021 presta servicios en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Explicó que desde entonces tampoco ha interinado ninguna unidad fiscal con sede en la ciudad de Concepción.

En el documento se solicitó al juzgado, entonces a cargo de la magistrada Honorina Acosta, actualmente jubilada, para que se entregue en carácter de depositario judicial una camioneta Hilux a un suboficial de Policía.

“Cuando me pasaron el dato me llamó la atención, porque en el año 2023 ya no prestaba servicios en la ciudad de Concepción”, aseguró.

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En otro momento, dijo que habitualmente tenía consigo su sello personal para estampar en los documentos y que otro sello en la oficina de los asistentes. Uno de ellos había quedado”, explicó el ex titular de la unidad penal número 3 de fiscalía de Concepción.

“Presumiblemente se utilizó en forma irregular, mi denuncia es en contra de personas innominadas. Este documento incluso se habría redactado sin mi conocimiento y consentimiento”, expresó.

La fiscal Carolina Quevedo Lailla es la encargada de la investigación.

De acuerdo a las informaciones recibidas, supuestamente existiría toda una red de personas dedicadas a beneficiar a personas como depositarios de vehículos ilegales.

Formarían parte del esquema, funcionarios de la fiscalía y del Poder Judicial.

Aparentemente incluían en las carpetas fiscales vehículos ilegales para posteriormente dar como depositarios. De esa forma se “legalizaban” los rodados.