El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió este miércoles que el ex senador argentino Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel, deberán afrontar juicio oral y público. El fiscal Ysrael Villalbal había acusado a ambos por el hecho punible de contrabando.

En horas de la mañana de este miércoles, se sustanció la audiencia preliminar. La defensa de ambos acusados había accionado contra la fijación de la fecha para esta diligencia, sin embargo tuvo un revés ante la Cámara de Apelaciones, que confirmó la convocatoria.

Arresto y tobilleras para exsenador Kueider y su secretaria

El fiscal acusó a ambos por contrabando, en grado de tentativa, en junio pasado. Según la acusación, a la 1:30 del 4 de diciembre de 2024, el entonces senador argentino Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel, ingresaron a territorio paraguayo a través del Puente de la Amistad. En el lugar fueron retenidos por personal de la Naval junto con funcionarios de Aduanas.

Los intervinientes procedieron a verificar el vehículo Chevrolet en el que estaban ambos, pero al mando de Kueider. Dentro del cual se encontró divisa extranjera consistente en US$ 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos, no declarados. De todo esto, se entregó la suma de US$ 9.900 a Kueider, pues es la suma que sí está permitida ingresar sin declaración.

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El martes último se realizó la audiencia de identificación para el exsenador Kueider y su asistente Guinsel, ante el juez penal de garnatías Rolando Duarte. Durante la misma, ambos se negaron a someterse al procedimiento de extradición abreviada.

Para asegurar su sometimiento al proceso, el magsitrado dispuso que ambos cumplan arresto domiciliario en el inmueble ubicado sobre la calle 18 de julio casi avenida José Félix Bogado, identificado como “Dúplex B” del barrio San Vicente de Asunción. Es el mismo sitio en el que cumplía la medida por su causa de contrabando.

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El magistrado también dispuso la aplicación de tobilleras electrónicas para ambos extraditables, previo estudio por parte de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), sobre el lugar en el que cumplirán la medida.

En dicha audiencia, la defensa de los extraditables solicitó la aplicación del arresto domiciliario ofreciendo una caución real de G. 1.000 millones, G. 500 millones por cada uno. A esta petición se allanó el fiscal de Crimen Organizado, José Martín Morínigo.