La decisión del Gobierno español de ampliar la vida útil de la central nuclear modifica el calendario de cierre escalonado de los siete reactores que operan en España y pone fin al debate social y político generado en torno a esta planta, que aporta el 7 % de la electricidad anual en el país.

Fuentes gubernamentales sostuvieron hoy que el Gobierno dio el visto bueno a la controvertida prórroga tras comprobar que es "segura" para las personas, no compromete la "seguridad de suministro" y no tiene "coste" para el ciudadano.

La posición del Ejecutivo es "exactamente la misma" que ha defendido siempre, según señalaron hoy dichas fuentes, que arguyeron que la extensión de la vida útil de la central, "acotada y limitada, se otorga tras comprobar el cumplimiento de las tres condiciones establecidas".

La primera condición es que "sea segura para las personas" y, en este sentido, apuntaron que el (organismo regulador) Consejo de Seguridad Nuclear "ha constatado el correcto funcionamiento de la central, el nivel adecuado de seguridad radiológica, e impuesto condicionantes técnicos".

La segunda es que la extensión "no compromete la seguridad de suministro" y, en tercer lugar, que "no tiene coste para los ciudadanos", porque, arguyeron, "aunque las compañías propietarias habían reclamado bajadas de impuestos, se concede sin ningún tipo de rebaja fiscal ni contraprestación económica para las empresas eléctricas, explican.

  La decisión se produjo "ponderando las circunstancias extraordinarias derivadas del conflicto en Oriente Medio y de la continuidad de la guerra en Ucrania".

"Hay una situación energética internacional excepcional y sobrevenida que está generando un escenario de elevada volatilidad y precios altos de los combustibles fósiles, cuya duración es actualmente imposible de prever", observaron las fuentes.

Asimismo, "la volatilidad y la incertidumbre son significativamente mayores a las anticipadas hace tan solo unos meses" y que en el contexto actual, "la prórroga, coyuntural, puede contribuir a moderar la exposición de los consumidores a unos picos de precios de los combustibles fósiles no previstos anteriormente".

Desde Extremadura (este de España), la mayor parte de las voces políticas, sociales y empresariales han apostado por la prórroga, incluso se llegó a formar una plataforma de apoyo a la central y se desarrollaron manifestaciones que reunieron a miles de personas reclamando que no se cerrara la planta.

También la oposición política se ha mostrado a favor de la continuidad, mientras que las formaciones a la izquierda del Gobierno de Pedro Sánchez como los grupos ecologistas piden el cierre de las centrales nucleares.