Mientras que 270 diputados votaron a favor de la ley, en contra lo hicieron 286, y así tumbaron el texto. El primer ministro Andy Burnham, católico, no quiso participar en la votación para evitar "influir indebidamente en el debate", y el Gobierno en conjunto se declaró "neutral", aun cuando fue un diputado laborista el que presentó la proposición de ley.

La ley rechazada contenía varias salvaguardias, como que los solicitantes de una muerte asistida deberían tener la aprobación de dos médicos y de un panel de expertos. Pero para los opuestos a la ley, esas salvaguardas no eran suficientes para, por ejemplo, disuadir a aquellos que sencillamente eligen morir porque sienten que son 'una carga'.

La oposición llegó de hecho desde las iglesias, tanto la católica como la anglicana, por razones morales, mientras que varios colegios médicos se posicionaron igualmente en contra por encontrar que la ley no protegía lo suficiente a los pacientes de enfermedades mentales.

El Reino Unido se queda así a la cola de los países más desarrollados, que han implementado legislaciones parecidas, teniendo cifras de prevalencia muy distintas según los casos, según expone la BBC: mientras que España, Austria o Colombia tienen una tasa de una muerte asistida por cada 1.000 fallecimientos, en Canadá la proporción sube a uno por cada 200, y es ligeramente superior en Países Bajos.