La Contraloría General de la República (CGR) reveló que el Instituto de Previsión Social (IPS), a cargo de Jorge Brítez, hizo millonarios pagos irregulares durante el ejercicio fiscal 2024, provocando un perjuicio cercano a los G. 54.000 millones.

En una de las observaciones hechas por la CGR, se revela que la previsional desembolsó un total de G. 1.466.906.668 bajo el concepto de “Bonificación por responsabilidad por gestión administrativa” a funcionarios que ocupaban cargos de nivel superior.

Detalle de los cobros

La escala de estas bonificaciones variaba según el “nivel de privilegio”.

Liderando la lista de las bonificaciones “vip” figura Vanessa Cubas Díaz, actual gerente de prestaciones económicas, quien cobró un total de G. 67.200.000 en el año. Le siguen en el ranking directivos como Liz Benítez de Pérez (Dirección de Tesorería) con G. 46.400.000, y Hugo Díaz López (Director de Inversiones) con G. 44.800.000.

Más abajo aparece Américo Riquelme Ortellado, quien cobró la bonificación acumulando un total de G. 32.993.333 hasta junio de 2024, mientras ocupaba el cargo de gerente administrativo y financiero. Tras su salida, pasó a cobrar este plus la funcionaria entrante en ese mismo cargo, Gladys Matilde Vera López, recibiendo una suma global similar de G. 33.226.667.

Auditoría en la mira

El área encargada de velar por el buen uso de los recursos también fue parte del esquema. Los registros detallan que, en 2024, la propia directora de Auditoría Interna de IPS, Alicia Celeste Olazar Maciel, cobró la suma de G. 31.200.000 de fondos públicos, solo bajo este cuestionado concepto.

El detalle histórico de los registros financieros muestra que esto empezó en el mes de febrero de ese año, cuando ella percibió la bonificación por la suma de G. 1.200.000.

Luego, desde el mes de marzo hasta diciembre del 2024 de manera ininterrumpida, su “plus” por supuesta gestión administrativa trepó a los G. 3.000.000 mensuales.

En esta misma dependencia, el director interino de Auditoría Interna, Julio Sergio Carreras Maldonado, acumuló cobros por G. 16.800.000. En total, cerca de 130 directivos del ente previsional fueron beneficiados, de forma sistemática, con este esquema de sobresueldos que la propia normativa prohíbe, según indica la Contraloría.

Visión de la CGR

Según el ente contralor, estos desembolsos violaron explícitamente el Decreto Reglamentario N° 1092/24, firmado por el mismo presidente Santiago Peña.

Esta normativa señala que las autoridades de ese rango jerárquico ya perciben una bonificación propia por responsabilidad en el cargo superior, haciendo que el cobro adicional sea irregular y represente un verdadero desangre a las arcas públicas.

Ante esta grave falta institucional, la Contraloría recomendó el impulso de una investigación interna para deslindar responsabilidades por este millonario perjuicio al ente previsional.

Paradójicamente, esta tarea que recae directamente sobre la misma funcionaria auditada.

Denuncias recientes

Recientemente, Olazar salió a la luz por su participación en el esquema de operaciones que llevó a la salida del exdirector jurídico del IPS, José “José’i” González Maldonado.

González se vio forzado a presentar su renuncia en medio de un escándalo por un asombroso crecimiento patrimonial del 215% en apenas 15 meses.

Sin embargo, el detonante fue la revelación de una grave triangulación de G. 412.500.000 transferidos a favor del exdirector jurídico bajo el concepto de “honorarios profesionales”, producto de un acuerdo con el Consorcio Hotelero Sudamericano.

En esta y otras maniobras, la Auditoría Interna a cargo de Olazar operó más como una “gestora” para facilitar pagos a proveedores que como un órgano fiscalizador real. El modus operandi de la auditora consistía en dictaminar que la falta de llamados a licitación era producto de la “negligencia de los administradores de contratos”, sugiriendo en sus informes que la deuda debía honrarse mediante un “acuerdo transaccional”.