Luego de una larga dilación, finalmente la Cámara de Diputados incluyó para su tratamiento este martes dos proyectos de ley planteados tras el caso de la “mafia de los pagarés”, que consistió en un esquema integrado por empresas de cobro de deuda, abogados privados, así como funcionarios judiciales (jueces de paz, actuarios y otros) por el cual cobraban hasta 4 veces las mismas deudas a personas -principalmente funcionarios públicos- a las que se sometía al descuento automático vía judicial.

Precisamente, en el 2º punto del orden del día figura el proyecto de ley “que establece procedimientos y límites para la autorización de descuentos y traba de embargos, sobre salarios y remuneraciones por servicios personales pagados en organismos y entidades del Estado” plantea limitar estos descuentos automáticos.

Según denunciaron las víctimas de la “mafia de los pagarés”, mediante medidas judiciales obtenidas en connivencia entre empresas privadas de cobro y los funcionarios judiciales se les llegaba a debitar automáticamente hasta el 100% de sus salarios, muchas de ellas por deudas ya abonadas previamente en un esquema que se repetía sin cesar.

La citada iniciativa legislativa plantea limitar hasta el 50% de salario o remuneración por servicio personal como máximo de cada funcionario público, a fin de que tenga al menos la otra mitad de su sueldo para subsistir.

También se establece que “no serán embargables los beneficios sociales, subsidios ni el aguinaldo que correspondan a los empleados públicos, funcionarios públicos y quienes ocupen un cargo de conducción política”.

Este proyecto, que cuenta con media sanción del Senado, no encontró objeciones, teniendo dictamen por la probación sin modificaciones de 4 comisiones (Asuntos Económicos y Financieros; Cuentas y Control; Legislación; y Justicia, Trabajo y Previsión Social).

Advierten con juicio político a ministros de la Corte por caso “mafia de pagarés”

Otra iniciativa sobre depósito de pagarés

Por otra parte, el proyecto que más debate llevó fue el proyecto planteado por la Corte Suprema de Justicia, “que establece el régimen de depósito de títulos de crédito originales”, ya que en Diputados plantearon otra alternativa, la creación de un “Registro Nacional de Pagarés”.

El objetivo final común de ambas iniciativas es evitar que un mismo pagaré o título de crédito se use en más de un proceso de cobro de deuda judicializado, ya que lo que hacía la “mafia” era ejecutar dichos pagarés una y otra vez, pese a la cancelación de la deuda anterior.

Ante esto, se impuso el mecanismo planteado por la Corte para evitar este modus operandi, obligando a todo documento original de cobro a ser ejecutado judicialmente, quede depositado en el Juzgado, que retendrá del documento hasta el final del proceso en carácter de “depositario judicial”.

Este documento solo podrá ser entregado al demandado una vez que cancele su deuda, evitando así que el demandante pueda usar ese mismo pagaré para un nuevo proceso o ejecutarlo de manera paralela en otro juzgado, tal como se realizaba con el esquema ilegal.

Falta definir cambios sobre registros

Hasta ahora, no figura en el Sistema de Información Legislativa (Silpy) ningún dictamen sobre los cambios que se habían acordado entre Diputados y la Corte Suprema de Justicia respecto al proyecto de ley “que establece el régimen de depósito de títulos de crédito originales”.

En Cámara Baja se realizaron varias reuniones de trabajo, no solo con los ministros de la Corte Eugenio Jiménez Rolón y Alberto Martínez Simón, sino también con representantes de los ministerios de Industria y Comercio (MIC) y el de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), donde llegaron a un acuerdo de introducir cambios al proyecto con media sanción del Senado.

Entre los principales mencionados, destaca el incluir un sistema para la utilización de los pagarés electrónicos, los cuales a corto plazo serán de uso generalizado en el sistema.

Actualmente, la reforma de la ley planteada por la Corte establece el depósito de los documentos físicos originales (pagarés) en los juzgados, lo cual habría que adecuar también –un sistema informático– para el caso de que a futuro se implementen los electrónicos.

La Corte se allanó a este planteamiento, aunque aún no se socializó la propuesta final de redacción del proyecto.

Mafia de los pagarés: víctimas se manifiestan frente al Palacio de Justicia y piden respuestas a la CSJ

A esto hay que sumarle que varios diputados habían planteado un proyecto alternativo, que “crea el registro nacional de pagarés y otros títulos de créditos” que, si bien luego cedieron en favor del proyecto de la Corte, no quisieron descartar totalmente algunos elementos.

Entre otros proyectistas de la versión Diputados, el diputado cartista José Rodríguez, pese a aceptar finalmente la versión de la Corte y que ya tiene media sanción del Senado, insistió en que, a la par, debería existir un Registro de los pagarés, a fin de que los afectados puedan tener la trazabilidad digital de los documentos.

Desde la Corte, si bien no rechazaron del todo la iniciativa, advirtieron que podría requerir la asignación de más recursos humanos y financieros para su implementación. Sin embargo, sus reformas planteadas implicarían un cambio mínimo a la Ley Nº 1337/1988 del “Código Procesal Civil”, para frenar el esquema de uso de un mismo pagaré para realizar varios cobros a la vez.