Apenas estalló el escándalo relacionado a millonarias bonificaciones mientras el gobierno de Santiago Peña hablaba de “economía de guerra”, entre los cuales uno de los principales beneficiados fue el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), tanto en Senado como en Diputados se apuraron para querer embanderarse con proyectos para plantear recortes a estos gastos superfluos.

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Sin embargo, aprovechando el humo distractorio generado por el caso del exsenador aliado cartista Javier “Chaqueñito” Vera, que terminó expulsado, y el inicio de la Semana Santa, el repentino “espíritu de austeridad” de los legisladores se esfumó.

Sin embargo, entre otros referente en Diputados, el líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara Baja, Miguel del Puerto afirmó que seguía firme intención de tratar esta semana que inicia al proyecto de ley de Diputados “que establece medidas de racionalización del gasto público, fija topes a las remuneraciones y prohíbe beneficios económicos discrecionales en el sector público”.

“Esa es la intención (tratar tras Semana Santa), estamos hablando con todos los sectores, con todas las bancadas para poder acompañar”, había dicho Del Puerto, defendiendo la versión Diputados que consideran mejor que la del Senado.

Sin embargo, hasta ahora no figura en el orden del día de la sesión ordinaria del martes 7, ni hay convocatoria oficial a una extraordinaria; no obstante, puede ser solicitada mientras se encuentren sesionando.

Un paso relevante para su eventual tratamiento este martes es que se emita dictamen, ya que hasta ahora no posee ni uno. Se prevé que dicho paso se de en la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, que está convocada mañana lunes a las 10:00 para tratar como principal punto este proyecto.

Si bien la emisión de dictamen no es vinculante, sí es habilitante para el tratamiento del proyecto ante el pleno, sin la necesidad de que este se constituya en comisión.

Pasado el “ímpetu” inicial de querer lavarse la cara ante la ciudadanía, el plantear recortes a sus beneficios y de otros privilegiados colgados del Estado -en pleno año electoral- dejó de ser de tanto interés de los legisladores.

En Senado, “Bachi” dijo estar escandalizado recién después de cobrar por casi un año mensualmente una bonificación de G. 21 millones al mes, elevando su salario mensual a G. 63 millones mensuales, y propuso un primer proyecto.

El senador cartista incluso cuestionó que diputados de todos los sectores hayan planteado su propia versión para estos recortes, acusando que era una “copia” de la Ley Godoy (como se conoce a la Ley N° 6622 que “Establece Medidas de Racionalización del Gasto Público”).

Sin embargo, criticó más de lo que actuaron, ya que el Senado acordó patear el estudio de su proyecto hasta tener eventual media sanción de la versión Diputados, es decir, le pasaron la pelota a la Cámara Baja.

El proyecto planteado en Diputados por Basilio “Bachi” Núñez es más limitado, debido a que únicamente plantea recortar las bonificaciones, apenas uno de los rubros que constituyen un despilfarro.

Por su parte, la versión Diputados, además de recortar la bonificaciones, sugiere prohibir a altas autoridades cobrar más que el presidente de la República, recibir beneficios como seguro médico privado, cupos de combustible y viáticos y sobre todo el escandaloso plus por “presentismo”, es decir, por asistir al lugar de trabajo.

También se recortarían gastos por “provisión de alimentos, obsequios, arreglos florales, tarjetas y gastos protocolares no esenciales” y por publicidad estatal propagandística (no esencial).

Otra diferencia sustancial que plantea el proyecto de Diputados es que establece una restricción para que estos recortes no puedan ser puenteados mediante la Ley de Presupuestos de Gastos anual, que al tener también rango de ley, permite sortear limitaciones ya vigentes como al de la Ley Godoy.

Los cambios se darían además luego de que dimitiera la semana pasada el titular del Ministerio de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos, que había declarado la “economía de guerra” para las finanzas estatales y que ya traía una relación desgastada sobre todo con diputados cartistas y aliados oficialistas.

Los cartistas culparon a Fernández Valdovinos del repudio en su contra tras tratar a las apuradas del proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal, algo que efectivamente fue un pedido del Ejecutivo, orden ante la cual ellos mismos aceptaron someterse.