En marzo pasado, por unanimidad, el Senado rechazó el proyecto de ley presentado por el diputado cartista Derlis Rodríguez, “que modifica los artículos 6 (inviolabilidad de la defensa), 136 (desestimación) y 305 (duración máxima del procedimiento) de Ley 1286/98 Código Procesal Penal”, ante la seria amenaza de que generaría una crisis de impunidad masiva favoreciendo principalmente a grandes criminales en casos complejos como narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos de alto perfil y otros.

Patoteando y atropellando, cartistas aprueban proyecto para "impunidad exprés"

Y no es que esto no se haya advertido de todo esto en su primer trámite en Diputados, sino que la aplanadora cartista, incluso patoteando a quienes expusieron los serios argumentos en contra, terminó dando media sanción al proyecto.

El proyecto es peligroso ya que refiere al artículo 136 del CPP y establece que si el Ministerio Público, en un plazo de 90 días (tres meses), no realiza la imputación, se podrá solicitar la desestimación de la causa, lo cual implica que dicho proceso no puede volver a reabrirse, salvo que se encuentren nuevos elementos.

Por citar solo uno de los grandes casos que podrían quedar impunes mediante esta medida se encuentra el asesinato en Cartagena, Colombia el 10 de mayo de 2022 del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

Es sabido que, hasta ahora, los únicos condenados son los autores materiales y colaboradores logísticos y mediante la justicia de Colombia, mientras que en nuestro país, transcurridos más de tres años del crimen, no hay ni un avance para determinar al o los mandante/s del crimen, por lo que, al no haber elementos para imputación, la causa debe archivarse.

Sin embargo, no solo es ese caso, sino serían miles (incluso condenados) ya que el artículo 14 establece que “ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o condenado”, como es en este caso.

Durante su primer trámite en Cámara Baja, la diputada y exfiscala Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) había advertido que esta iniciativa no buscaba realmente favorecer a procesados por caso bagatelario, sino realmente al “narcotraficantes, correligionarios, a los amigos, al sponsor narcotraficante y a asesinos”.

De hecho, en ambas cámara se realizaron audiencias públicas, y gremios de abogados y magistrados advirtieron del riesgo de blanqueo, principalmente para casos complejos como los relacionados al crimen organizado, ya que estos requieren de mayor plazo de investigación para llegar a la imputación y acusación respectivamente.

La Cámara Baja requiere mayoría absoluta (41 votos) para ratificarse, de lo contrario, el proyecto pasará al archivo.