El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), apartado temporalmente del cargo desde el 24 de junio, entregó una flota de vehículos en ruinas debido a la falta de mantenimiento, según confirmó a ABC el interventor de la municipalidad, Carlos Pereira.

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Pese a que Rodríguez adjudicó al menos dos contratos, por G. 2.000 millones (2022) y G. 6.000 millones (2024), para la provisión del servicio de “mantenimiento y reparación con provisión de repuestos” al Taller RC, de Crispín Ruffinelli, varias son las direcciones de la comuna que no tienen móviles o, si los tienen, están descompuestos.

En la Dirección de Servicios Urbanos, por ejemplo, Pereira confirmó que encontró apenas 17 de los más de 30 camiones recolectores de basura funcionando.

Funcionarios usan vehículos propios

En la Dirección de Obras Particulares, encargada de la verificación de obras proyectadas y en construcción, la directora interina, Alicia Sánchez, confirmó que el único móvil con el que contaban se descompuso al poco tiempo de asumir el cargo, durante la intervención, por lo que está en reparación.

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Sánchez explicó que la dirección a su cargo cuenta con 670 funcionarios, de los cuales alrededor de 400 son fiscalizadores, que deben realizar los procedimientos de verificación en sus vehículos propios y con su combustible. Sánchez contó de la dirección a su cargo recibe en promedio unos 200 expedientes por semana.

Armando Becvort, titular de la Dirección General de Gestión Ambiental, señaló que, aunque no cuentan con móvil propio, tienen a su disposición, previa solicitud, de un minibús de la Dirección de Servicios Administrativos. Para la mayoría de los casos, sin embargo, los más de 100 funcionarios que también se movilizan en sus vehículos particulares.

Sobrefacturación

En la última sesión ordinaria de la Junta Municipal de Asunción, el miércoles, el concejal Álvaro Grau había denunciado sobrefacturación de hasta 2.300% en los contratos adjudicados a Crispín Ruffinelli, cuya firma, dijo, tiene denuncias por supuesta sobrefacturación en otras instituciones.

Grau dijo que en 2022, el contrato ejecutó el 100% de lo previsto en apenas 6 meses. Además, denunció la irregular descalificación de dos empresas con mejores ofertas. Carlos Pereira dijo a ABC que, tras la denuncia, iniciaron la investigación del caso.

Crisis financiera e intervención

La administración de la Municipalidad de Asunción está intervenida desde el 24 de junio. El proceso fue aprobado por la Cámara de Diputados, tras el pedido de la Contraloría General de la República (CGR), que el año pasado confirmó el desvío de G. 500.000 millones en bonos que eran para obras que no se ejecutaron, o no se terminaron. El jefe comunal no pudo probar hasta ahora el destino final del dinero, que se utilizó en gastos corrientes, entre ellos, sueldos, según Carlos Pereira.

 El informe de la CGR fue derivado también al Ministerio Público, que mantiene abierta una investigación. Además, el intendente está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los llamados “detergentes de oro”, por compras en pandemia. La Fiscalía estima un perjuicio de G. 1.850 millones.

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A su llegada a la comuna, Carlos Pereira encontró un “sobreendeudamiento desmedido” y con una “infracapitalización”, según denunció. Por ejemplo, dijo que cuenta con apenas G. 46.320 millones en activos disponibles, para hacer frente a pasivos por G. 2,3 billones.

Antes de irse, Rodríguez entregó intereses vencidos de los bonos por G. 30.246 millones, a los que se sumaron otros G. 20.000 millones que vencieron ya durante la intervención, ante la falta de recursos. Además, entre junio y julio también vencieron G. 55.000 millones en préstamos por déficit temporal de caja, solicitados en 2024 por Rodríguez.

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Pese a haber intentado desligarse de la responsabilidad del desastre, Rodríguez dejó al 31 mayo una deuda total en bonos, por capital e intereses, más de US$ 230 millones, mientras que en las cuentas bancarias destinadas al dinero de los mismos bonos solo quedaban US$ 127.000.

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 En el caso de los bonos G8, uno de los investigados en la intervención, Rodríguez apenas empezó 4 de las 8 obras prometidas y una de ellas podría paralizarse por falta de pagos. En tanto, en la cuenta bancaria de esos bonos, al 31 de mayo apenas quedaban G. 123 millones.