El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), apartado del cargo desde el 21 de junio debido a la intervención a su administración, estuvo a punto de “regalar”, por acción y omisión, dos terrenos municipales de altísimo valor, según denunció el concejal Javier Pintos (ANR-cartista). Ante la Junta Municipal, calificó la entrega de estos predios como un serio daño al patrimonio municipal.

El primer caso denunciado por el concejal oficialista se trata de un acuerdo extrajudicial firmado ya en el año 2022 entre el intendente y representantes de la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB), como resultado de una demanda judicial perdida por la comuna. El acuerdo fue rechazado el miércoles por la Junta, luego de un dictamen negativo de la Comisión de Legislación.

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Pintos denunció que la comuna ofreció un inmueble municipal de más de 4 hectáreas como dación de pago por una deuda de G. 15.000 millones, cuando las tierras podrían valer hasta 8 veces lo adeudado. Teniendo en cuenta que para la subasta anunciada el año pasado, Nenecho valuó la zona de la Costanera en G. 28.000 millones por hectárea, el costo total del terreno superaría los G. 120.000 millones.

Pintos señaló que al perjuicio que significa la entrega de un inmueble de tanto valor, hay que sumarle que la Municipalidad debería hacerse cargo de los gastos de la mensura judicial, la escritura de transferencia y los honorarios profesionales de los abogados. “Un acuerdo realmente perjudicial para la Municipalidad, nos parece tremendamente injusto y desproporcionado entre la deuda reclamada y el valor de las tierras ofrecidas”, calificó.

“Vendieron” tierras cedidas en dictadura

El otro caso, denunciado también por Pintos, la administración de “Nenecho” Rodríguez no habría tomado medidas para la recuperación de un inmueble, pese al reclamo, en reiteradas oportunidades, de la Junta Municipal. El predio, de 6.000 metros cuadrados, está ubicado sobre la avenida Madame Lynch casi Aviadores del Chaco y había sido cedido en uso, con condiciones, al entonces Centro de Acción Social Universitaria (Casu), en tiempos de la dictadura de Alfredo Stroessner.

Según Pintos, tanto la ordenanza como la ley que autorizan la cesión del inmueble, contenían cláusulas de reversión, por las que, “una vez que el Casu dejase de operar, ese inmueble automáticamente debería volver al patrimonio municipal”. Pese a que las normas lo prohibían, la propiedad fue irregularmente vendida a terceros, afirmó el concejal.

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“De eso nosotros nos enteramos a partir de una solicitud de fraccionamiento que presentó a la Municipalidad el supuesto nuevo propietario”, explicó Pintos, quien reclamó que fue la Junta Municipal la que advirtió la irregular maniobra y no así la Intendencia.

En la sesión del miércoles, la Junta Municipal volvió a encomendar a la Intendencia, hoy en manos del interventor Carlos Pereira, realizar las medidas judiciales y administrativas para recuperar ese inmueble. “Por la ubicación y por la superficie, tendría un valor de aproximadamente US$ 5 millones a US$ 6 millones”, remarcó.

Omisión y perjuicio patrimonial

El concejal oficialista reclamó que, pese a las constantes advertencias de la Junta Municipal, que se hicieron durante todo el periodo del actual intendente, “no activaron en su momento las acciones que corresponden para defender el derecho del municipio sobre sus inmuebles”.

Remarcó que, por el circuito normal de los trámites administrativos, fue la Intendencia la primera en tomar conocimiento de la intención de fraccionamiento de un inmueble municipal por parte de terceros. “Ellos ahí automáticamente tomaron conocimiento, pero sin embargo, prosiguió la tramitación de esa solicitud y finalmente llegó a la Junta”, agregó.

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El edil agregó que ya en marzo de este año, el director jurídico, hoy apartado temporalmente, Benito Torres, había prometido ante la Junta Municipal “tomar las acciones preparatorias para recuperar ese inmueble. De esa fecha a hoy no tenemos ninguna información”, agregó.

Ante esta situación, la Junta Municipal de Asunción decidió ayer volver a convocar ante el pleno, para la próxima sesión, al director interino de Asuntos Jurídicos, Jorge Cantero, para explicar los avances del caso, de haberlos.