Veinte asistentes financiados con fondos europeos fueron señalados por sospechas de trabajar total o parcialmente para el partido en lugar de ejercer funciones vinculadas al Parlamento Europeo. Paralelamente, la Fiscalía de París abrió una investigación preliminar.

En 2016, la OLAF entregó su informe y el Parlamento Europeo inició procedimientos de recuperación de fondos. A Marine Le Pen se le reclamaron cerca de 340.000 euros correspondientes a dos asistentes parlamentarios, una cantidad que la dirigente terminó devolviendo en 2023.

En total, las instituciones europeas reclamaron alrededor de 1,1 millones de euros a varios eurodiputados del FN, entre ellos el patriarca Jean-Marie Le Pen.

La investigación judicial se amplió por presuntos delitos de abuso de confianza, falsedad documental y malversación de fondos públicos.

En 2017 comenzaron las primeras imputaciones contra asistentes parlamentarios vinculados al FN. Ese mismo año, el exeurodiputado Aymeric Chauprade afirmó que Marine Le Pen había pedido a los nuevos representantes europeos del partido delegar en ella la contratación de asistentes, acusación que la dirigente negó.

Entre finales de 2017 y 2018, Marine Le Pen, el FN y varios dirigentes del partido, entre ellos Louis Aliot (su pareja durante una década), fueron imputados por abuso de confianza o complicidad, una calificación que posteriormente pasó a ser la de malversación de fondos públicos.

En junio de 2018, los jueces ordenaron el embargo de dos millones de euros en subvenciones públicas destinadas al partido, que acababa de cambiar su nombre a Agrupación Nacional.

La formación denunció una maniobra política y recurrió la decisión. La justicia consideró entonces que existían indicios de un sistema organizado para utilizar fondos europeos en beneficio del partido. Posteriormente, el embargo fue reducido a un millón de euros.

En 2019 se incorporaron al procedimiento nuevos imputados, entre ellos Yann Le Pen, hermana de Marine Le Pen, y Jean-Marie Le Pen, fundador del FN.

La investigación terminó en 2022. En diciembre de 2023, los jueces financieros ordenaron enviar a juicio a Marine Le Pen, al RN y a otras 25 personas.

El proceso se celebró entre septiembre y noviembre de 2024 ante el Tribunal Correccional de París. Jean-Marie Le Pen no fue juzgado por razones médicas y falleció en enero de 2025.

El Tribunal Correccional de París concluyó que existió un "sistema" organizado para pagar con fondos europeos a empleados que trabajaban para el partido. El perjuicio económico fue evaluado en unos 3,2 millones de euros, teniendo en cuenta las cantidades consideradas indebidamente abonadas y posteriormente reembolsadas.

Marine Le Pen fue condenada a cuatro años de prisión, dos de ellos firmes con posibilidad de cumplimiento con pulsera electrónica, una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos con aplicación inmediata.

La sentencia supuso un terremoto político, ya que la apartaba provisionalmente de una nueva candidatura presidencial. Le Pen recurrió la decisión junto al RN y otros once condenados.

El juicio en apelación se celebró entre enero y febrero de 2026 y la Fiscalía solicitó mantener la pena de cinco años de inhabilitación, además de cuatro años de prisión -tres de ellos exentos de cumplimiento-, una multa de 100.000 euros y la posibilidad de cumplir la parte firme con pulsera electrónica.

Este martes, Le Pen fue sentenciada a 45 meses de inhabilitación, 30 de los cuales quedaron en suspenso y sólo los tendría que cumplir en caso de reincidencia. El tribunal consideró que ya cumplió 15 meses desde el 31 de marzo de 2025. Por lo tanto, puede presentarse legalmente a las presidenciales.

La condena incluye también tres años de prisión, uno de los cuales debería cumplirlo bajo arresto domiciliario con una pulsera electrónica.