En entrevista con ABC Cardinal, Leandro Villalba, director de auditoría forense de la Contraloría General de la República (CGR), indicó que el dictamen remitido a la Fiscalía advierte sobre severas irregularidades, entre ellas un aparente conflicto de interés y la omisión de la regulación judicial fijada por la ley. Asimismo, el organismo contralor señaló la falta de un análisis actuarial para resguardar los fondos previsionales ante el vertiginoso trámite que duró poco más de 24 horas.

El caso se remonta a una millonaria deuda por aportes obrero patronales que una empresa privada mantenía con la previsional desde el 2003 hasta el 2018. Tras años de reclamos judiciales e incumplimientos previos, la firma ofreció pagar la deuda junto a los honorarios de los abogados involucrados el 29 de julio de 2024. Tan solo un día después, el Consejo Directivo del IPS aprobó el acuerdo impulsado por la propia Asesoría Jurídica, encabezada por José González Maldonado y la Dirección de Aportes Obrero Patronales.

Un hecho relevante dentro del entramado es el acta N° 054/2024 de la sesión del Consejo del IPS, donde consta que González Maldonado admitió haber operado bajo la venia del propio presidente de la República, Santiago Peña, compartiendo los dictámenes con el asesor presidencial Juan José Galeano para blindar “política y jurídicamente” el pacto extrajudicial. El acuerdo incluyó una importante quita de la deuda original acumulada desde 2018 y se tramitó en una sesión donde el exdirector jurídico actuó en abierta defensa del convenio.

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La celeridad del acuerdo y la falta de control judicial llamaron la atención del ente contralor. Al respecto, Leandro Villalba explicó: “A juicio de la Contraloría General de la República, y como menciona en el dictamen, nosotros creemos que un proceso de esa naturaleza sí o sí debía ser regulado en el pago de los honorarios por un juez, como dice la ley. La justipreciación o una valoración justa del monto regulado le correspondía a un juez a nuestro juicio”.

Otro aspecto advertido por la CGR es la posible existencia de un conflicto de intereses en la tramitación del expediente, dado que el propio beneficiario avaló el procedimiento. “El dictamen jurídico en cuestión que suscribe el ex asesor jurídico del IPS lo firma él mismo. Y ese dictamen fue la base empleada en la sesión del Consejo del IPS para autorizar un acuerdo que finalmente redunda en un pago importante que termina en el propio José González Maldonado”, subrayó el director de auditoría forense.

Además, el representante de la Contraloría sostuvo que se ignoró la protección especial a la que están sujetos los recursos de los asegurados: “El artículo 95 de la Constitución establece un carácter especial a todo lo que tiene que ver con los fondos previsionales. Y en ese sentido era lo más prudente realizar un análisis actuarial sobre si correspondía o no la aceptación de los montos que fueron propuestos por la empresa privada”.

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El dictamen remitido a la Fiscalía detalla que la transferencia bancaria por parte de la empresa al IPS se efectivizó con una llamativa celeridad el 3 de agosto de 2024, derivando posteriormente en el desembolso a González Maldonado.

De igual forma, el informe cuestiona que no existe evidencia de que otros abogados que intervinieron en el litigio a lo largo de los años hayan cobrado, registrándose únicamente la factura del exasesor jurídico.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Cristian Benítez, ante quien la CGR ya ratificó su informe en declaración testimonial. “Nosotros objetamos el acuerdo y le pedimos al fiscal que profundice sobre quiénes facturaron al final por las razones expuestas”, concluyó Villalba.

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