Se trata de Juan Carlos Frutos (61), quien fue condenado a 10 años de pena privativa de libertad por narcotráfico, el viernes último, por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por Federico Rojas e integrado por Dina Marchuk y María Luz Martínez, esto en el marco del caso Conexión España que evitó el envío de droga en pisos de parquet a Madrid.

El procedimiento se llevó a cabo el 23 de febrero de 2022, en el Puerto Seguro Fluvial de Villeta. En aquella oportunidad la fiscala antidrogas Lorena Ledesma fue la encargada del procedimiento, mientras que en la instancia del juicio oral y público el Ministerio Público estuvo representado por la fiscala Ingrid Cubilla.

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En ese contexto la agente fiscal sostuvo en sus alegatos finales que el condenado Juan Carlos Frutos lideró un esquema de tráfico internacional que pretendía remitir a España 162,210 kilos de cocaína, ocultos en el interior de placas de maderas tipo parquet.

Para el Ministerio Público quedó probada la impunidad del acto, en cuanto a que el acusado utilizó activamente la estructura formal de una empresa unipersonal perteneciente a su suegro fallecido.

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Utilizó estructura empresarial y un poder del 2013

Durante el juicio se probó que, en febrero de 2021, Juan Carlos Frutos inició los trámites de despacho para la exportación de 850 metros cuadrados de pisos tipo parquet, de madera Kurupay, con destino a Madrid, España. Para este envío Frutos usó la firma “FMS Maderas de Santiago Felipe Bogado Cano”, perteneciente a su suegro.

Sin embargo, Frutos ocultó que su suegro, titular de la empresa, había fallecido ya el 26 de agosto de 2019. Además, el ahora acusado también gestionó todo invocando un poder general del año 2013.

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En cuanto a la carga, la fiscala indicó en su alegato que era de 20 pallets que estaban resguardados en un contenedor identificado como “TRHU2177669”. Sobre el mismo, tanto el sistema aduanero y también los analistas detectaron un perfil de riesgo elevado por los factores de destino (Europa), la edad del titular registrado de la firma y el posterior descubrimiento de su deceso.

A todo esto, se suma que Juan Carlos Frutos ejerció el control absoluto de la operación pues era quien proveía la documentación al auxiliar de despacho, además presionó mediante profesionales para apurar la apertura de la carga y estuvo presente firmando las actas como “dueño de la carga”.

Se comprobó también que anteriormente ya había realizado un envío idéntico, consistente en pisos de madera bajo la firma FMS, pero desde el Puerto Fénix.

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Operación Conexión España detectó droga en pallets

Cuando se realizó la apertura del contenedor, adentro se hallaron 20 pallets, cargados con pisos de tipo parquet. Los intervinientes eligieron al azar el paquete 12, lo descargaron y desarmaron para someterlo a una revisión por scanner, donde se detectó una señal de alerta con la imagen generada.

Inmediatamente después de ello, los intervinientes extrajeron una de las tablas y la quebraron. Mediante esa acción constataron que en su interior había cocaína, según análisis primario practicado entonces. Esto derivó en la intervención del Ministerio Público, que estuvo representado esa vez por la fiscala Lorena Ledesma.

En cuanto al otro acusado, Carlos Epifanio González, la Fiscalía sostiene en su acusación que el mismo adquirió 16.560 kilos de madera de kurupay de César Sixto Aguilar Troche, quien proveyó la madera en calidad comercial y permitió el uso de un sector de su predio para el acondicionamiento y terminación de los pisos que iban a ser exportados.

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Sin embargo, ese espacio habría sido utilizado por los integrantes de la organización criminal a fin de alistar los pallets y los compartimientos entre los pisos tipo parquet, espacios en los que iba a ir oculta la sustancia estupefaciente, aprovechando la logística generada a partir de la adquisición de la madera.

En cuanto a la relación entre Juan Carlos Frutos y Carlos Epifanio González, quien está rebelde, la fiscalía señala que en un allanamiento a la casa de Frutos, hecho el 25 de febrero de 2022, en el sitio se hallaron talonarios de facturas de exportación a nombre de Felipe Santiago Bogado Cano, padre de la esposa de Frutos, quien además dijo que González era contador de Frutos.

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Oposición a sobreseer a dos encausados

El fiscal antidrogas Guillermo Sanabria, hoy juez de penal de sentencia de Alto Paraguay, había quedado a cargo del caso y pidió el sobreseimiento provisional para otros dos encausados Juan Ramón Torrez Domínguez y César Sixto Aguilar Troche. El juzgado de Rosarito Montanía concedió el mismo y, en diciembre de 2025, el agente del Ministerio Público pidió la reapertura de la causa y el sobreseimeinto definitivo para ambos.

Al momento de realizarse la audiencia provisional para Torrez Domínguez y Aguilar Troche, la magistrada dio trámite de oposición y devolvió la causa a la Fiscalía. Además, la jueza señaló que existió deficiencia y negligencia en la investigación de la Fiscalía y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Por su parte, la fiscala Cubilla hizo mención de las facultades de control jerárquico en el Ministerio Público. Así, es la fiscala adjunta Matilde Moreno quien debe dictaminar si acusa o ratifica el pedido de sobreseimiento definitivo. En atención a que, no contaba con el expediente que entonces estaba a manos del tribunal de sentencias, había solicitado la suspensión del plazo. Recién ahora, tras el fallo podrá expedirse.

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Condenado en España, con rebeldía en Paraguay

Por otra parte, en esta causa también estaba era investigado Carlos Epifanio Conzález Aguilera, quien inicialmente fue capturado y extraditado en 2023 a Valencia, España, donde era requerido justamente por liderar un esquema de narcotráfico internacional, lavado de dinero y asociación criminal.

En el país europeo fue condenado a 3 años y 6 meses de cárcel, los cuales solo compurgó una parte y posteriormente fue expulsado a Paraguay, llegando a ingresar desde el lado brasileño.

Desde el Reino de España y tampoco la Interpol dio aviso de que el mismo ya fue remitido a territorio paraguayo, ya que la jueza Rosarito Montanía había dictado el criterio de oportunidad para dar lugar a su extradición. El Ministerio Público, posteriormente había formulado acusación en su contra y solicitado la rebeldía por la causa Conexión España.