El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Salvador Martínez Rolón (presidente), Enrique Eugenio Furler y Carlos López, condenó a la ex intendenta de Tava’i, Alba Correa (ANR-HC) por lesión de confianza tras comprobarse que malversó G. 286 millones del dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública (Fonacide) durante el 2011, supuestamente para “tunearse”.

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La ex intendente cartista subió al banquillo de los acusados luego de diez años de haber dejado el cargo y tras múltiples chicanas. La dirigente política había sido denunciada por varios concejales por, supuestamente, utilizar G. 286 millones del dinero del Fonacide para realizarse diferentes retoques estéticos durante su administración.

Alba Correa fue intendente de Tava’i (Caazapá) desde el 2010 al 2015 y, tras años de denuncias de los ediles, fue imputada en el 28 de marzo 2017 y la acusación se hizo el 28 de setiembre de ese mismo año. Desde esa fecha, la política cartista venía chicaneando para evitar rendir cuentas ante la justicia.

El Tribunal condenó a Correa a dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la condena bajo reglas de conductas que deberá seguir.

La mujer no podrá cambiar de domicilio sin autorización del Juzgado, no podrá salir del país sin previa autorización.

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Además, deberá comparecer ante el juzgado de Paz de Tava’i dentro de los primeros cinco días de cada mes y asimismo tiene prohibición de ocupar cargos públicos por cinco años.

La ex jefa comunal también ya fue condenada por lesión de confianza y estafa en el 2019 junto al constructor Manuel Vera Soto. La cartista fue obligada a devolver la totalidad del dinero que malversó durante el 2015 y contaba también con prohibición de salir del país.

Según la acusación fiscal, Alba Correa suscribió un contrato con “Construcciones Vera”, representada por Manuel Vera Soto, para la construcción de la alambrada perimetral de la Escuela Básica Nº 7830 “San Roque González de Santa Cruz” de la comunidad María la Esperanza y de la Escuela Básica Nº 6345 “San Roque González de Santa Cruz” de la comunidad Ñu Pyahu, cuyo costo ascendía a G. 31.250.000 en cada construcción. Esto totalizó G. 62.500.000. Sin embargo, ninguna de las dos obras se ejecutóy se comprobó que Manuel Vera Soto recibió igualmente el pago total.

Ambos condenados tuvieron que pagar G. 84 millones para que el Juzgado de Ejecución Penal del Primer Turno de la Circunscripción Judicial de Caazapá disponga el finiquito y archivamiento del expediente en diciembre del 2023.